Tras la reciente destitución de Johel Zelaya, Fiscal General del Estado, el titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, confirmó que la agenda de fiscalización parlamentaria se retomará con fuerza al finalizar el asueto de la Semana Mayor.
Según el legislador, existen solicitudes formales para someter a juicio político a funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.
La dinámica dentro del Hemiciclo ha cambiado drásticamente tras el primer ejercicio de esta figura constitucional en años.
Zambrano explicó que la complejidad logística y jurídica impide realizar procesos simultáneos, debido a la carga probatoria y el tiempo que requiere cada caso para no viciar el procedimiento. La intención es mantener un orden cronológico que garantice que cada expediente sea evacuado con el rigor que la ley especial exige.
"Los juicios políticos no lo podemos hacer todos de una vez y ustedes pudieron observar el primer juicio político fueron casi dos o tres días permanentes en la actividad contra un solo alto funcionario", explicó Zambrano.
Crisis
El presidente del Congreso reveló que la reciente crisis institucional, la salida de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no fue producto de una votación final, sino de una decisión estratégica ante la inminencia de su remoción.
Según el diputado, el Legislativo ya tenía lista la ruta para su destitución inmediata tras haber concluido el proceso contra el fiscal general del Ministerio Público.
Para el titular del CN, la salida voluntaria de la máxima autoridad judicial evitó una confrontación mayor entre poderes que hubiera afectado la imagen del país ante la comunidad internacional.
No obstante, dejó claro que la intención de los diputados era proceder con el voto de censura y posterior remoción de su cargo por el incumplimiento de sus facultades constitucionales.
"Después de haber destituido al fiscal general, íbamos a proceder con la destitución de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, pero ella optó por renunciar, creo que es lo más saludable por la estabilidad jurídica en el país", reveló el parlamentario.
Zambrano señaló que varios diputados han manifestado su voluntad de presentar denuncias formales contra funcionarios del CNE y el TJE.
Las acusaciones preliminares giran en torno a supuestos abusos cometidos durante procesos electorales previos y la violación de responsabilidades administrativas que habrían afectado la transparencia democrática.
A pesar de la presión interna de diversas bancadas para acelerar estos procesos, la presidencia del Congreso sostiene que no se saltarán etapas.
La Ley Especial del Juicio Político establece una serie de garantías que, de ser ignoradas, podrían derivar en recursos de inconstitucionalidad que anularían las decisiones del pleno. Por ello, el compromiso actual es la vigilancia del debido proceso.
"A nosotros nos ha tocado que esos procesos tienen que ser apegados a la Constitución, apegados a la ley especial de juicio político y me toca poder coordinar que se respeten las garantías del alto funcionario enjuiciado", aseguró el titular del Legislativo.
El retorno de la actividad parlamentaria en abril se perfila como un periodo de alta tensión política.
Aunque Zambrano evitó dar nombres específicos para no entorpecer las investigaciones preliminares ni alertar a los señalados, confirmó que las posibilidades de que estos juicios inicien formalmente son altas, marcando un hito en la historia legislativa de Honduras al cuestionar la idoneidad de quienes rigen el sistema de votos.
La advertencia está sobre la mesa, el Congreso busca sentar un precedente donde la elección de un funcionario por parte de los diputados no sea un "cheque en blanco".
La responsabilidad política ahora se mide con la ejecución de sus funciones, y cualquier desvío de la ley será motivo suficiente para activar el mecanismo de remoción que la Constitución de la República le otorga al soberano Congreso.
"Es casi seguro que van a conocerse en el Congreso de Juicios Políticos sobre estos altos funcionarios que abusaron del proceso electoral que violentaron la responsabilidad", afirmó Zambrano.
