La alarmante crisis de seguridad vial que afecta a las principales carreteras y ejes urbanos de la nación ha generado una reacción conjunta en el Congreso Nacional, donde diputados de las tres principales fuerzas políticas presentaron un paquete de iniciativas orientadas a mitigar el impacto de esta problemática.
Las propuestas abarcan desde el alivio fiscal directo para los miles de ciudadanos que resultan con mutilaciones o fracturas graves, hasta reformas estructurales en el sistema educativo y la certificación obligatoria del transporte de carga pesada.
Los legisladores coinciden en que los accidentes de tránsito han dejado de ser meros incidentes viales para transformarse en una verdadera epidemia de salud pública que enluta diariamente a los hogares hondureños y drena los recursos de los hospitales estatales.
Ante la pasividad de las autoridades correspondientes para aplicar las leyes preventivas existentes, el pleno parlamentario busca activar mecanismos drásticos que fuercen un cambio cultural en las calles y brinden asistencia humanitaria a los sobrevivientes.
"Todos los días vemos que muchas personas tienen accidentes, en motocicleta, principalmente, y ahora tienen que comprar clavos por los que se paga el Impuesto Sobre Ventas; la finalidad es garantizar el derecho a la movilidad mediante la eliminación de cargas tributarias", manifestó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.
La propuesta de contenido humanitario y económico fue introducida por el diputado nacionalista por Choluteca, Carlos Ledezma, mediante el proyecto de Ley de Justicia Arancelaria para la Movilidad Asistida.
La pieza de correspondencia plantea exonerar de forma absoluta del pago del Impuesto Sobre la Venta (ISV) la adquisición de prótesis mecánicas, clavos ortopédicos y material de osteosíntesis, insumos médicos que registran una altísima demanda debido a la cantidad de conductores, especialmente motociclistas, que sufren politraumatismos severos en las vías públicas.
Por su parte, la bancada del Partido Liberal de Honduras enfocó sus esfuerzos en la raíz del problema: la falta de cultura y conocimientos técnicos de los conductores.
El diputado por el departamento de Cortés, Roberto Pineda Chacón, presentó una iniciativa para incorporar la asignatura obligatoria de educación vial en la currícula oficial del sistema educativo nacional, específicamente en el noveno grado y el nivel diversificado, buscando que los jóvenes obtengan competencias básicas antes de optar a una licencia de conducir.
"En nuestro país, la mayor cantidad de accidentes se debe a que las licencias se extienden sin darle a la persona una charla de cuáles son las medidas de seguridad vial; los conductores no saben ni los diferentes rangos de velocidad", advirtió Pineda Chacón.
En el extremo operativo, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) por Olancho, Héctor Amador, impulsó un anteproyecto de ley dirigido a regular el rubro del transporte de equipo pesado, sector fuertemente involucrado en tragedias carreteras de gran magnitud.
La iniciativa ordena la descentralización y creación de la Escuela de Carga Pesada de Transporte Terrestre en cinco cabeceras departamentales estratégicas: Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y el departamento de Olancho, rompiendo el monopolio formativo que actualmente opera de forma exclusiva en Comayagua.
Hace unas semanas, el diputado de Libre por Comayagua Óscar Márquez también presentó una moción para que el Congreso Nacional exhorte a las secretarías de Seguridad y de Educación para que se incluyan la clase de educación vial en la currícula desde el noveno grado a fin de prevenir accidentes de tránsito.
Las iniciativas multipartidarias surgen en un entorno de profunda preocupación civil, reforzado por el antecedente de que las muertes por siniestros viales superaron los 1,800 fallecimientos al cierre del año pasado.
Los proyectistas lamentaron que, pese a contar con normativas previas para la enseñanza vial en educación media, la Secretaría de Educación y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) han mantenido engavetados estos planes de estudio, postergando una solución estructural que ahora el Congreso pretende vigilar de cerca mediante una comisión especial de seguimiento.
