Diputados de distintas bancadas presentaron este miércoles en el Congreso Nacional una serie de iniciativas orientadas a proteger el salario de los docentes, homologar las cotizaciones de los institutos de previsión y fortalecer la infraestructura educativa del país.
Entre los proyectos destacados figura la iniciativa impulsada por el diputado del Partido Nacional por Santa Bárbara, Mario Reyes, encaminada a prohibir que los colegios magisteriales o cualquier organización gremial absorban el reciente aumento salarial aprobado para los maestros.
El congresista explicó que con la aprobación del Presupuesto General de la República 2026 se autorizó un incremento salarial que oscila entre 1,500 y 5,538 lempiras para los docentes, dependiendo de su nivel y funciones dentro del sistema educativo.
No obstante, señaló que parte de ese ajuste salarial no está llegando completo a los maestros debido a las deducciones realizadas por algunos colegios magisteriales, situación que afirmó afecta directamente el ingreso de los educadores.
“Se prohíbe a los colegios magisteriales o cualquier otra organización gremial de docentes efectuar deducciones que impliquen la captación o absorción total del incremento salarial aprobado a favor de los maestros”, establece la iniciativa presentada por Reyes.
En la misma línea, el diputado nacionalista por Copán, Rony Alvarado, presentó un proyecto orientado a declarar de orden público la regulación de las deducciones aplicadas al salario de los docentes por concepto de aportaciones a los colegios magisteriales.
Por otro lado, el diputado del Partido Liberal por Cortés, Carlos Umaña, introdujo una propuesta enfocada en homologar el porcentaje de cotización de todos los institutos de previsión del país, especialmente en beneficio de los jubilados.
Según Umaña, la iniciativa busca garantizar condiciones igualitarias para los adultos mayores y que el cálculo de la jubilación se realice bajo los mismos parámetros aplicados a los derechohabientes activos del Instituto Hondureño de Seguridad Social.
“Siempre consideré mal que los ancianos pagaran más que los derechohabientes activos porque les cobran por la totalidad de su jubilación”, expresó el parlamentario liberal, quien trabajó durante 28 años en el Seguro Social.
Asimismo, el diputado nacionalista por Atlántida, Remberto Zavala, presentó un proyecto de ley orientado a realizar un censo nacional sobre la infraestructura educativa y la situación legal de los terrenos donde funcionan los centros escolares públicos.
El congresista explicó que muchos centros educativos carecen de títulos de propiedad inscritos a nombre de la Secretaría de Educación, lo que dificulta la ejecución de proyectos de remodelación, ampliación o construcción financiados por el Estado y organismos internacionales.
La iniciativa ordena a la Secretaría de Educación realizar, en un plazo máximo de 12 meses, un censo nacional que identifique todos los centros educativos públicos que no cuentan con título de propiedad a nombre de la institución, incluyendo información sobre ubicación geográfica, situación legal del inmueble y posibles conflictos jurídicos.
