En un solo debate, el Congreso Nacional aprobó y ratificó ayer dos decretos para autorizar que el Poder Ejecutivo, por un lado, obtenga una nueva deuda interna de 4,900 millones de lempiras para financiar el presupuesto actual y, por otro, 750 millones de dólares (14,200 millones de lempiras) en deuda externa con que financiarán el déficit del presupuesto que se aprobará para 2013.
De los 750 millones de dólares, 350 son para gastos nuevos y el resto para sustituir deuda cara. Los diputados reconocieron la urgencia de disponer de recursos para terminar el año fiscal y garantizar fondos suficientes para 2013, pero cuestionaron que las medidas están empujadas por la indisciplina fiscal y porque el propio Gobierno no aplica medidas reales de austeridad.
Con estos nuevos créditos, el ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato, reconoció que Honduras llegará al límite de deuda, que es del 36% en relación con el PIB (producto interno bruto), aunque seguirá debajo del 42% que se tiene como media en la región centroamericana.
Cerrato reconoció que si bien es cierto lo ideal no es endeudarse para pagar deudas ni para financiar el déficit fiscal, en este momento Honduras no tiene más opciones debido al déficit en las recaudaciones tributarias de un 4%, que representan unos tres mil millones de lempiras, y a que el país no tiene un acuerdo con el FMI (Fondo Monetario Internacional), una variable con la que se contaba en el momento de elaborar el Presupuesto 2012 y que le daría al país opción a créditos de alrededor de dos mil millones de lempiras.
Los dos endeudamientos que aprobó el Congreso se darán bajo la modalidad de emisión de bonos, los primeros 4,900 millones de lempiras en deuda interna, en la que se pagan más intereses y a corto plazo, y los 750 millones de dólares por medio de los denominados “bonos soberanos”, en los que los bancos internacionales prestan a plazos extendidos y bajas tasas de interés.
El dictamen
De acuerdo con el dictamen, el Congreso autoriza al Poder Ejecutivo para que, mediante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, emita bonos de la República de Honduras (bonos soberanos) hasta por un monto nominal máximo de 750 millones de dólares con el fin de colocarlos en el mercado internacional de capitales bajo las condiciones más favorables para el país.
Agrega que la política de endeudamiento que se adopta por medio de la Secretaría de Finanzas busca satisfacer las necesidades de financiamiento del país manteniendo un nivel de costo-riesgo compatible con la sana evolución de las finanzas públicas y el desarrollo de los mercados financieros nacionales.
El manejo eficiente de la deuda pública es parte fundamental de la política económica del Gobierno y representa un elemento indispensable para la estabilidad macroeconómica de Honduras. Esto contrasta con el desequilibrio fiscal del Gobierno, que exige ajustes para modificar gradualmente la estructura del gasto público y los niveles del servicio de la deuda con el fin de procurar mayores espacios para la inversión pública.
El documento agrega: “Como parte de esta nueva estrategia de manejo de la deuda pública se busca una combinación eficiente de deuda interna y externa en un momento cuando las condiciones en los mercados internacionales favorecen la colocación de títulos valores en el exterior, considerando el comportamiento a la baja de las tasas de interés que prevalecen en el mercado internacional de capitales”.
Posiciones encontradas
La dispensa de debates para el decreto fue pedida por el diputado Rodimiro Mejía ante la oposición de otros, como el liberal Osman Aguilar. El pleno aprobó dispensar dos debates.
El diputado udeísta Sergio Castellanos se mostró preocupado porque con este endeudamiento se llega al límite del crédito y su pregunta fue qué pasaría después.
Entre tanto, el liberal José Azcona calificó de excelente idea emitir el bono soberano debido a que el endeudamiento interno está muy caro. Sin embargo, cuestionó el déficit fiscal producido por el exceso de gastos y el bajo nivel de ingresos; “no vemos ningún sacrificio del Gobierno, no vemos austeridad en quienes manejan el Estado.
Es un problema no de este gobierno, sino de todos. En 10 años se tendrá que pagar este préstamo y siguen los hospitales sin medicinas y las calles con hoyos”, argumentó.
Su preocupación fue que como está redactada la ley se pudieran entregar bonos a intereses más altos y plazos más cortos que la banca local. El pinuista German Leitzelar dijo que no había otro camino para financiar el presupuesto del año y pagar deuda flotante. Alfredo Saavedra, jefe de la bancada liberal, pidió tiempo para estudiar el decreto porque consideró delicado el tema, pero su petición no fue atendida.
El ministro de Finanzas reiteró que la deuda interna es muy cara y la banca ya no quiere adquirir los bonos. Explicó que el proceso de colocación de bonos al exterior lleva unos tres meses y dependiendo de las circunstancias se pueden lograr tasas menores al 4% y plazos hasta de 10 años. “Si la banca nacional decide adquirir bonos a esos intereses y a esos plazos”, será mejor, dijo el funcionario.
El viceministro de Finanzas, Hugo Castillo, explicó que todo presupuesto viene con déficit fiscal y el de 2013 ya lo trae; por eso es mejor recurrir a la deuda externa que a la interna. La última colocación de bonos en la banca nacional fue al 15%.
“Buscamos tasas bajas. Pretendemos que el financiamiento interno se financie con financiamiento externo. La primera ventaja es convertir deuda interna a 10 años. Luego buscamos un costo financiero más barato que el local”, puntualizó Castillo.
Justifican deuda interna
En cuanto a la emisión de bonos por 4,900 millones de lempiras, Rodolfo Zelaya pidió la dispensa de ese decreto.
José Azcona cuestionó que ese déficit fiscal se debió observar desde principios de año porque hacerlo ahora refleja un manejo displicente de los recursos del Estado.
De acuerdo con el dictamen, esos 4,900 millones de lempiras serán utilizados para financiar el déficit ocasionado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del año 2012 por no obtener los recursos programados.
“Esta nueva emisión se justifica por la necesidad del Gobierno de contar con recursos financieros adicionales debido a la imposibilidad de atender diferentes gastos programados, ocasionada por el desfase del 4% en la meta de recaudación de tributos acumulada a octubre de 2012”, dice el documento.
“Este desfase es atribuido básicamente a la derogatoria por la Corte Suprema de Justicia del Decreto Legislativo No.
42-2011, contentivo de la reforma del Artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que gravaba con el uno por ciento (1%) los ingresos brutos que pagarían las personas naturales y jurídicas que reporten pérdidas al final del Ejercicio Fiscal, y a la interpretación al decreto No. 68-2010, referente a la exención del impuesto sobre ventas sobre bienes de capital”, concluye.
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