Como parte del paquete de medidas económicas aprobadas ayer, el Congreso Nacional le dio el aval a la Ley de Racionalización a la Exoneración de Combustibles para la Generación de Energía Eléctrica para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, una normativa orientada a cerrar los portillos para cometer fraudes en la importación de combustibles para generar energía eléctrica.
Con la nueva ley, el combustible para generar energía eléctrica, que estaba dispensado de impuestos, tendrá que pagar tributos al introducirlo al país. Una vez que vendan la energía a la Enee (Empresa Nacional de Energía Eléctrica), esta les devolverá dicho impuesto por esa generación.
Las autoridades de Finanzas aseveraron que el aumento de la importación de combustible es cada vez mayor, pero que los impuestos por consumo se mantienen estancados desde hace unos seis años.
Hugo Castillo, viceministro de Finanzas, explicó que no es justificable que aumente el ingreso de combustible, pero no el pago de impuestos, lo que evidencia que se están evadiendo impuestos, por lo que la sospecha es que los importadores introducen combustible exonerado no solo para generar combustible.
“El propósito fundamental de la ley es fortalecer las finanzas públicas mediante la eliminación de exoneraciones del impuesto a los combustibles utilizados en la generación de energía eléctrica suministrada a la Enee y tiene como objetivo regular las exoneraciones y exenciones otorgadas en la importación de combustibles para la generación de energía eléctrica sin propiciar ineficiencias en la economía”, reza el dictamen.
Lo que dice la ley
El Artículo 1 de la ley estipula: “Las personas naturales o jurídicas que se dediquen tanto a la producción, transformación, refinación o importación de combustibles pagarán el cien por ciento (100%) del impuesto denominado al aporte para la atención a programas sociales y conservación del patrimonio vial, de conformidad con lo establecido en el Artículo 41 del Decreto No. 131-98.
Se exceptúa de esta regulación a las empresas maquiladoras que operan bajo el régimen contentivo de la Ley de Zonas Libres y la Ley de Zonas Industriales de Procesamiento, las empresas generadoras de energía renovable, Enee, las empresas que generen energía eléctrica y que no forman parte del sistema interconectado de la Enee: Utila, Roatán, Guanaja y Puerto Lempira y las acogidas a tratados o convenios internacionales”.
El Artículo 2 “autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que constituya un fideicomiso en el Banco Central de Honduras con los recursos que se generen con el pago del impuesto denominado aporte para la atención a programas sociales y conservación del patrimonio vial, por la importación de búnker “C” y diésel destinado a la generación de energía eléctrica”.
Los recursos del fideicomiso serán utilizados en las transferencias a la Enee para que reembolse el valor del citado impuesto siempre que se compruebe que los fósiles han sido utilizados en la generación de energía eléctrica suministrada por las empresas privadas generadoras de energía eléctrica para la Enee.
Reformas a la renta
El Congreso reformó también seis incisos del Artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para obligar a los no residentes en el país a pagar el 25% de su renta porque solo los hondureños pagaban ese porcentaje.
La explicación dada por funcionarios de Finanzas establece que hasta antes de 2010 los extranjeros pagaban el 35%; se les redujo al 10% para incentivar la inversión extranjera, pero con esta práctica el Estado perdió unos tres mil millones de lempiras, por lo que determinaron equiparar el pago con el que hacen los hondureños residentes en el país.
De acuerdo con la exposición de motivos de la ley, el propósito fundamental es introducir reformas en el sistema tributario nacional para mejorar la recaudación tributaria, lograr una eficaz administración de los tributos y apoyar la producción nacional, combatiendo la competencia desleal en la aplicación del pago del impuesto sobre la renta.
