Ante el impacto provocado por el cierre sostenido de centros educativos privados y la mudanza forzada de instituciones a causa del cobro del "impuesto de guerra" en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la Comisión de Educación del Congreso Nacional anunció la convocatoria urgente a los representantes del sector no gubernamental para canalizar denuncias formales y coordinar resguardo de los cuerpos de seguridad.
La medida legislativa surge tras reportes de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (FENIEPH) y datos del Sistema Integrado de Información Educativa (SIIE), que registran la clausura de varias instituciones privadas en el país durante el año en curso, agravada por amenazas criminales que han forzado el cese definitivo de planteles tradicionales y el cambio de sede en colonias de alto riesgo.
"Vamos a citar a estas asociaciones de centros educativos privados para conocer la verdadera realidad. Yo lo dialogaba con la ministra de Educación, Arely Argueta, que necesitamos trabajar en conjunto con la Secretaría de Seguridad para prestar seguridad a los estudiantes, maestros y personal administrativo de estos centros educativos", afirmó Arnold Burgos, diputado y presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional.
El titular de la comisión parlamentaria reconoció que el fenómeno delictivo golpea con particular fuerza a instituciones bilingües y centros de educación básica instalados en inmuebles adaptados dentro de barrios y colonias donde el entorno de seguridad se ha deteriorado en los últimos años.
Ante este escenario, la comisión legislativa busca establecer un canal directo de comunicación con los directivos afectados para trasladar los casos expedita y directamente a los despachos de Seguridad y Defensa.
"Lamentablemente algunos han sufrido extorsión y han tenido que cerrar centros educativos o han tenido que moverse o trasladarse a otros puntos más seguros para poder seguir prestando el pan del saber. En las próximas horas vamos a citar a las diferentes personas encargadas para conocer más a fondo el tema y trasladar la denuncia a las autoridades de Seguridad, y si necesitamos a la Secretaría de Defensa a través de los militares, pues obviamente también, porque no es posible que ya el crimen organizado esté ingresando a delinquir al sistema educativo", enfatizó el congresista.
Burgos instó además a los parlamentarios de las distintas bancadas representadas en la Cámara Legislativa a abordar la crisis del sector educativo de manera técnica e integral, evitando la instrumentalización política de la problemática.
"Ahora hay que pedir a las autoridades de seguridad que también presten su servicio porque no es posible que se cierren centros educativos por este flagelo de la extorsión", manifestó.
Cuestionado sobre la factibilidad real de que el Estado despliegue efectivos policiales o militares en la totalidad de las instalaciones privadas del país, el titular de la comisión descartó una cobertura simultánea masiva, pero planteó un esquema de despliegue focalizado en los planteles bajo amenaza activa.
El plan contempla que la dirigencia de la educación privada proporcione un inventario de los establecimientos en situación crítica para priorizar patrullajes, asesoría en protocolos de protección e intervención de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
El parlamentario recalcó recordando que la protección de la comunidad estudiantil constituye una garantía constitucional indivisible, por lo que el resguardo estatal debe extenderse al ámbito privado.
