Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, destacó este sábado que el Poder Legislativo aprobó una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, endurecer las penas por extorsión y crear una nueva estructura estatal de coordinación contra el crimen organizado.
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Zambrano afirmó que las decisiones responden a los recientes hechos violentos registrados en el país.
“Ante los recientes hechos violentos que ha sufrido el pueblo hondureño, esta semana el Congreso Nacional aprobó medidas firmes y de respuesta inmediata para fortalecer la lucha contra la criminalidad y devolverle la tranquilidad a las familias”, expresó.
Ante los recientes hechos violentos que ha sufrido el pueblo hondureño, esta semana el Congreso Nacional aprobó medidas firmes y de respuesta inmediata para fortalecer la lucha contra la criminalidad y devolverle la tranquilidad a las familias.
— Tommy Zambrano (@TommyZambranoM) May 23, 2026
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“Este Congreso Nacional sigue trabajando a favor de Honduras. Hemos aprobado iniciativas para darle seguridad al pueblo hondureño”, expresó Tomás Zambrano en un video adjunto.
Añadió que, las medidas incluyen el aumento de penas para extorsionadores y la coordinación de las instituciones de seguridad del Estado.
“Vienen aumentos de penas para los extorsionadores que graves daños le han causado al pueblo hondureño”, dijo.
Zambrano explicó que la Agencia Nacional contra el Crimen permitirá la articulación entre entidades como la Dirección Policial de Investigación (DPI), la Dirección Policial Antimaras y Pandillas (Dipampco), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas.
“Se crea la Agencia Nacional contra el Crimen para que todas las instituciones de seguridad trabajen de la mano, trabajen coordinadas”, afirmó.
También aseguró que habrá operaciones focalizadas en zonas de alta incidencia delictiva y que las fuerzas de seguridad estarán desplegadas en las calles.
“Para que la Policía Nacional, la Policía Militar, las Fuerzas Armadas estén vigilando las calles, estén en las calles dándole seguridad a cada uno de los hondureños”, expresó.
Algunas de las reformas publicadas en La Gaceta
De acuerdo con el Decreto No. 84-2026 publicado en La Gaceta el 22 de mayo de 2026, el Congreso aprobó el aumento de penas por el delito de extorsión mediante la reforma al artículo 373 del Código Penal.
El texto establece que la extorsión será castigada con penas de “quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días”.
Además, agrega que: “Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad”.
El mismo decreto reforma el artículo 374 sobre agravantes específicas, aumentando las penas en un tercio cuando existan factores como participación de grupos criminales, reincidencia, uso de menores o acciones coordinadas desde el extranjero.
Creación de la Agencia Nacional contra el Crimen
El artículo 5 del Decreto No. 84-2026 establece la creación de la “Agencia Nacional contra el Crimen”, como un órgano adscrito al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Su función será coordinar y articular a las instituciones encargadas de la seguridad e investigación criminal, incluyendo la DPI, Dipampco, Atic, Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas.
La Agencia deberá implementar una plataforma de integración de información criminal que incluya registros de números telefónicos vinculados a extorsión, así como datos bancarios y transacciones de plataformas financieras y billeteras electrónicas.
Las empresas proveedoras de estos servicios estarán obligadas a entregar la información requerida en un plazo máximo de 30 días.
El decreto también establece que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad reglamentará su funcionamiento y que la Secretaría de Finanzas (Sefin) deberá presentar en un plazo de 30 días hábiles una propuesta presupuestaria para su operación.
Uso indebido de uniformes
El artículo 1 del Decreto No. 84-2026 también reforma el artículo 473 del Código Penal sobre el uso o tenencia prohibida de uniformes e insignias de cuerpos de seguridad.
El texto establece sanciones para quien utilice sin autorización uniforme, insignias o equipo de las fuerzas de seguridad o de investigación del Estado.
La pena será de ocho a diez años de prisión si dichos elementos se utilizan para facilitar o encubrir la comisión de un delito.
