18/04/2024
06:48 AM

Concluye segunda audiencia del extraditable “El Tigre” Bonilla

Juan Carlos Bonilla, exdirector de la Policía Nacional, fue solicitado en extradición por Estados Unidos.

Tegucigalpa, Honduras.

Un juez de extradición de primera instancia realizó este día la audiencia de presentación y evacuación de medios de prueba sobre la solicitud de extradición de Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, quien enfrenta cargos relacionados con el narcotráfico y armas por parte de Estados Unidos.

Durante el desarrollo de esta audiencia se presentaron y evacuaron los medios de prueba de Estados Unidos y de la defensa del exjefe policial. Una vez concluida la audiencia, el juez valorará lo mostrado y sin retardo alguno emitirá su resolución.

Bonilla Valladares fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad desde el Primer Batallón de Infantería hasta el Fuerte General Cabañas, en la capital, donde sabría hoy mismo si se concede o no la extradición por parte de un juez natural.

El exdirector de la Policía Nacional pidió defensa pública alegando que no cuenta con los recursos económicos para costear abogados privados. Expertos consideran que Juan Carlos Bonilla estaría allanando el camino para hacer expedito el proceso de extradición y así defenderse en los Estados Unidos.

Agentes policiales y militares apostados en la entrada del Fuerte General Cabañas.

Melvin Duarte, vocero de los juzgados, manifestó este día que “fue el juez natural quien decidió que la segunda audiencia se llevara a cabo en el mismo lugar que la primera, considerando también el movimiento y congestionamiento que se produce en la ciudad cuando se dan estos casos. Además, en el Fuerte Cabañas se tiene toda la logística requerida e instalada por el Poder Judicial”.

El pasado 10 de marzo, un juez le dictó arresto preventivo al exjefe de la Policía Nacional luego de culminar la primera audiencia o de información en el cuartel general del Ejército.

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La audiencia en ese entonces estaba prevista inicialmente que se celebrara en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero se trasladó para la unidad militar por falta de energía eléctrica en la sede del Poder Judicial, por un corte rutinario programado con anticipación por la estatal eléctrica.

Ilustración detallada de los tres cargos que le imputa Estados Unidos a Juan Carlos Bonilla.

Bonilla Valladares es acusado por la Fiscalía de Nueva York de cargos relacionados con el narcotráfico y uso de armas, por lo que podría enfrentar en Estados Unidos un máximo de cadena perpetua.

El exdirector policial es acusado de participar en conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en relación a la conspiración para importar drogas, usar y portar armas de fuego para promover la conspiración de importación de cocaína.

Bonilla Valladares, que ejerció el cargo de jefe de la Policía Nacional entre 2012 y 2013, fue capturado el 9 de marzo en el sector de Zambrano, unos 30 kilómetros al norte de Tegucigalpa, la capital del país.

Exjefe policial abusó del cargo

En abril de 2020, el fiscal del distrito de Manhattan, Geoffrey Berman, explicó en un comunicado que el exjefe policial jugó un “papel clave en una conspiración internacional de tráfico de drogas” y cometió delitos en nombre del exdiputado “Tony” Hernández, condenado, “y de su hermano el presidente”, en referencia al ahora exgobernante Juan Orlando Hernández, entre ellos “el asesinato de un traficante rival”.

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Según las autoridades de Estados Unidos, Bonilla Valladares abusó de su cargo para violar la Ley y “supervisó el envío de múltiples toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, usó ametralladoras y otras armas para conseguirlo, además de participar en violencia extrema, incluyendo el asesinato de un traficante rival, para impulsar la conspiración”.

La Fiscalía cita en la imputación del exjefe de la Policía hondureña las “pruebas presentadas” en el juicio celebrado el pasado octubre de 2019 en Nueva York contra “Tony” Hernández y las “declaraciones hechas ante el tribunal”, en las que se alegó que varias organizaciones de narcotráfico tuvieron “apoyo” de políticos y agentes del orden en Honduras entre 2003 y 2020.