Tegucigalpa, Honduras
El Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) condenó este lunes, mediante un comunicado, la muerte de la joven estudiante de enfermería, Keyla Martínez Rodríguez, quien murió el pasado sábado bajo custudia policial en La Esperanza, Intibucá, tras ser detenida por incumplir supuestamente las medidas de toque de queda.
El Conadeh aseguró que desde que se tuvo conocimiento sobre la muerte de la joven, inició investigaciones de oficio y realizó dligencias de seguimiento del caso.
'Al ser un caso que supone muerte bajo custodia policial, entre las diligencias realizadas se ha enviado oficios a la Policía Nacional Preventiva, la Dirección Policial de Investigación, Ministerio Público y Director del Hospital Enrique Aguilar Cerrato, solicitando información sobre el caso', detalla el comunicado de Conadeh.
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El organismo defensor de derechos humanos recordó a las autoridades policiales que toda muerte que se produce cuando una persona está detenida, o se encuentra bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes, deben investigar conforme a los más altos estándares internacionales, incluido el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas.
En ese sentido, Conadeh instó a Medicina Forense a aplicar tal protocolo, con el objetivo de conocer las causas de la muerte, la manera en que se produjo, su lugar y su momento, y todas las circunstancias del caso que encierra la misteriosa muerte de Keyla Martínez.
'Las diligencias preliminares que se realicen a través de la Delegación Departamental de Intibucá, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, serán remitidas a la Fiscalía del Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinentes, y en caso de que existan responsables, asegurar que se proceda contra ellos', dice el pronunciamiento.
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Finalmente, Conadeh aseguró que el Estado de Honduras tiene la obligación de garantizar la integridad física de las personas que se encuentren en detención. Al tiempo que informó que las diligencias que se realicen en la regional de derechos humanos de Intibucá serán remitidos a la Fiscalía del Ministerio Público en Tegucigalpa. Además, los detalles de la investigación serán enviados a la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a las Investigaciones de Muertes Violentas y Femicidios.
