La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, urgió este domingo al Estado hondureño a aprobar una ley para proteger a los desplazados por la violencia en el país, donde unas 247.000 personas han tenido que abandonar su hogar desde 2004.
En un comunicado del organismo, Izaguirre afirmó que el Estado de Honduras debe “priorizar” en la agenda legislativa la discusión y aprobación de la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.
“El Estado hondureño tiene la obligación y la responsabilidad de proporcionar protección y asistencia humanitaria a los desplazados internos, una realidad que se vive en el país y que atenta contra la dignidad de la persona humana”, subrayó Izaguirre en la víspera del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el 20 de junio.
Izaguirre hizo el llamado tras constantes denuncias atendidas por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), lo que representa, dijo, que el desplazamiento forzado “va en aumento” cada año en el país y “es deber” del Estado prevenirlo y evitarlo.
El proyecto de Ley para prevenir, atender y proteger a las personas desplazadas internamente fue presentado en marzo de 2019 por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia en Honduras, sin que hasta ahora siquiera se llegue a discutir.
Desplazamiento forzado
Honduras reconoció en 2013 el desplazamiento forzado, pero hasta ahora no ha resuelto el problema ni ha logrado un mecanismo de asistencia a las personas desplazadas por la violencia, según organismos de derechos humanos.
Entre julio de 2016 y julio de 2021, el Conadeh atendió 52.043 quejas, 4.711 de ellas relacionadas con situaciones de desplazamiento interno, según un informe de ese organismo de derechos humanos.
En el período analizado, un total de 11.015 personas presentaron quejas ante el Conadeh, 5.823 de ellas, que representan el 52,8 %, reportaron una situación de riesgo de desplazamiento y 5.162 admitieron haberse desplazado de manera forzada.
Las amenazas, la extorsión y los asesinatos son las principales causas de desplazamiento forzado en el país centroamericano, detalla el informe del Conadeh.
El 51 % de las quejas por desplazamiento forzado o riesgo de desplazarse fueron presentadas por hombres y un 49 % por mujeres, añadió.
Del total de quejas, 808 corresponden a amas de casa, 790 comerciantes, 268 docentes, 208 estudiantes, 205 transportistas, 172 agricultores, 120 abogados y 106 operadores de justicia, según el documento del Conadeh. EFE
