20/06/2024
12:04 AM

Capturan en Comayagua al gerente de Ciudad del Ángel

Las autoridades han emitido cinco requerimientos por el caso de la fallida urbanización.

Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Militar y del Orden Público (PMOP) capturó ayer a José Santos Arias Chicas, gerente general de Bienes y Raíces Arias, urbanizadora del fracasado proyecto Ciudad del Ángel.

La captura se ejecutó en Comayagua, informaron las autoridades luego que el Ministerio Público (MP) presentara un requerimiento fiscal contra el involucrado, de nacionalidad hondureña.

Además de Arias Chicas, la Fiscalía acusó a los guatemaltecos Luis Pedro Toriello y Enrique Eduardo Toriello Barberena por suponerlos autores de otros fraudes continuados.

Asimismo, las autoridades presentaron acción penal contra Lester Albany Sandoval Palma (guatemalteco) y Yeny Carolina García Izaguirre (hondureña) por suponerlos cómplices del mismo delito.

Imágenes: Así es el desastre en Ciudad del Ángel

En noviembre de 2013, cincuenta familias residentes en Ciudad del Ángel presentaron ante los Juzgados de lo Civil una demanda contra la compañía inmobiliaria Bienes y Raíces Arias.

Alerta migratoria

Según los contratos del proyecto, García Izaguirre es una profesional de la ingeniería civil y representante de la Constructora y Consultora Izaguirre, empresa ejecutora de la urbanización.

Sin embargo, hasta ayer el gerente general era el único capturado; entretanto, para los otros cuatro involucrados continúa la búsqueda y tienen alerta migratoria.

Los cinco requerimientos fiscales fueron presentados por la Fiscalía Especial de Protección del Consumidor y la Tercera Edad.

El Ministerio Público estableció que este delito, cuya pena es de seis a nueve años de prisión, es en perjuicio de decenas de residentes del proyecto habitacional localizado en la aldea La Cuesta del Distrito Central.

La Fiscalía argumenta que de haberse respetado la ley y las normas técnicas de construcción vigente, se pudieron haber evitado los daños a los compradores de las viviendas. Asimismo, los desarrolladores tenían conocimiento de las múltiples condiciones desfavorables del terreno para ejecutar la obra, consideró el Ministerio Público. Y es que alrededor de 140 viviendas de la residencial presentan considerables daños y al menos 90 se han derrumbado por completo.

Las moradas sufrieron los daños por encontrarse en una falla y tras haberse obviado una serie de requerimientos técnicos fundamentalmente necesarios para la correcta construcción de los inmuebles, reseñó el MP.