La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) emitieron este jueves un comunicado en el que cuestionan las acciones legales emprendidas por la defensa del exjefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, al considerar que buscan retrasar el proceso penal que enfrenta.
En el pronunciamiento, ambas organizaciones sostienen que las maniobras procesales representan un obstáculo para el acceso a la justicia y afectan el derecho de las presuntas víctimas a que el caso sea resuelto en un plazo razonable.
"Condenamos enérgicamente las tácticas dilatorias que el General Roosevelt Hernández está utilizando a través de su defensa para retrasar el proceso penal que enfrenta por los delitos cometidos contra periodistas y por los graves atentados contra la libertad de prensa y la libertad de expresión", señala el comunicado.
Asimismo, Asopodehu y Joprodeh afirman que el uso de mecanismos procesales para retardar la acción judicial "constituye una afrenta al Estado de Derecho" y advirtieron que este tipo de actuaciones podría debilitar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia.
Las organizaciones también sostuvieron que los ataques contra periodistas trascienden el ámbito individual y representan una afectación a la libertad de expresión y al funcionamiento de una sociedad democrática.
En ese sentido, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados deben garantizar investigaciones y procesos judiciales eficaces, oportunos y libres de obstáculos que favorezcan la impunidad en casos relacionados con la libertad de expresión.
En el documento, las organizaciones exhortaron al Poder Judicial a resolver el proceso con independencia y conforme a la Constitución y la legislación nacional.
"Exigimos al Poder Judicial actuar con absoluta firmeza, independencia y apego a la Constitución, los estándares internacionales de derechos humanos y a la ley nacional, rechazando cualquier maniobra procesal que tenga como propósito prolongar indebidamente este proceso", expresaron.
Además, señalaron que "la investidura militar, el poder político o la posición de un alto exfuncionario no pueden convertirse en privilegios procesales" y reiteraron que, en un Estado democrático, todas las personas deben responder en igualdad de condiciones ante la justicia.
El origen del caso
El caso tiene su origen en un requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público el 29 de julio, como parte de una investigación relacionada con publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.
La investigación se deriva de una publicación del 26 de mayo de 2025 titulada "Sicarios de la verdad", en la que el periódico digital militar cuestionó a los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra.
Esa edición también incluyó cinco páginas con contenidos dirigidos contra los comunicadores, situación que fue denunciada por los periodistas y por el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), al considerar que se trataba de una campaña de desacreditación.
Durante su gestión al frente de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández también protagonizó otros episodios de confrontación con la prensa, entre ellos intentos de presentar querellas contra 12 medios de comunicación y solicitudes para que revelaran sus fuentes informativas, actuaciones que fueron cuestionadas por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de la libertad de expresión.
