20/07/2024
03:02 AM

ASJ: resultados del estado excepción están llenos de ilegalidades

Esta estrategia establecía la suspensión de derechos constitucionales para el combate de la extorsión, sin embargo, la ASJ considera que las cifras no avalan el estado de excepción.

Tegucigalpa, Honduras

En escasos resultados y denuncias de violaciones a derechos humanos se han reflejado, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), los 532 días del estado de excepción ejecutado por los cuerpos de seguridad del Estado.

Piden derogar estado de excepción por presuntas violaciones a derechos humanos

Esta medida disuasoria enmarcada en el plan para el tratamiento de la extorsión, fue lanzada en noviembre de 2022 y vigente a partir del 6 de diciembre de ese año.

Esta estrategia establecía la suspensión de derechos constitucionales para el combate de la extorsión, sin embargo, la ASJ considera que las cifras no avalan el estado de excepción.

Según la ASJ, la extorsión ha aumentado en los últimos cinco años en el país, al grado que, en noviembre de 2023, el 11.1% de los hogares hondureños eran víctimas de extorsión y los departamentos más afectados eran: Cortés (16 %), La Paz (15 %), Colón (14 %), Yoro (14 %) y Francisco Morazán (13%).

Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano de la capital, expresó: “el informe de la ASJ viene a reforzar las declaraciones que hemos venido dando años atrás, donde ha habido un grado de impunidad terrible en el delito de la extorsión”.

Calíx lamentó que sólo un 1% de los casos de extorsión llegan a judicialización, de acuerdo con los datos aportados por la ASJ. “Cuando el Ministerio Público tiene un presupuesto de cinco mil y seis mil millones de lempiras, ¿en qué se invierten si las judicializaciones no se dan?”, se preguntó Cálix.

Estado de excepción en Honduras

El veedor social alertó sobre el particular que apenas uno de los 12 decretos para la instauración del estado de excepción cumplió en tiempo y forma con los requisitos establecidos en la Constitución de la República.

Para reforzar su tesis, la ASJ aludió que la Constitución de la República establece que la disposición puede extenderse por un máximo de 45 días; sin embargo, el decreto ha sido prorrogado por el Poder Ejecutivo en ocho ocasiones y ampliado a 17 de 18 departamentos del país.

La ASJ considera que los resultados del estado de excepción impuesto por el gobierno -que lleva 14 meses- están viciados y son ilegales.