El Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán notificó a las partes procesales la resolución emitida por un tribunal de alzada, que declaró ilegal la orden de captura y el allanamiento dictados contra el periodista Esdras Amado López.
La resolución anula el proceso penal seguido contra López y ordena repetir las actuaciones procesales desde el inicio, al considerar que hubo irregularidades en los procedimientos policiales.
Aunque el fallo deja sin efecto la captura y el allanamiento, los delitos que se le imputan a López continúan vigentes, por lo que el proceso deberá reiniciarse conforme a las garantías constitucionales y el debido proceso.
López enfrenta un proceso penal acusado por los delitos de maltrato familiar con habitualidad y lesiones agravadas, en perjuicio de su expareja, Milagro de Jesús González Zelaya.
“Hoy venimos a una cita con la historia para demostrar que, cuando confiamos en Dios, hay fe, esperanza y la justicia nos asiste”, expresó López al salir de los tribunales.
López aseguró que la resolución sienta un precedente en materia de independencia judicial y libertad de expresión.
“La Corte Suprema de Justicia ha declarado una unidad absoluta de actuaciones y en este momento le corresponde a la juez que nos desplazó aquí en el fondo comunicarnos la decisión de la Corte de revertir el juicio, declarar una unidad absoluta de actuaciones y archivar las evidencias. Nos sentimos contentos y lo compartimos con el pueblo de Honduras y pues especialmente con la prensa y reiteramos nuestra confianza en los funcionarios independientes que no ceden a las imposiciones que vienen desde el poder”, declaró.
La resolución de la Corte invalida las actuaciones previas y establece que se deben archivar las evidencias obtenidas durante el allanamiento.
Durante su comparecencia, López estuvo acompañado por representantes del gremio periodístico, entre ellos Dagoberto Rodríguez, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Periodistas, quien señaló que la acción policial fue excesiva y que la decisión judicial refuerza el Estado de derecho y la autonomía del Poder Judicial.
“Esta es una resolución muy importante porque fortalece la libertad de expresión y la independencia judicial, pese al control que ejerce el Gobierno sobre el sistema judicial”, declaró Rodríguez.
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