Tegucigalpa, Honduras.
La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo administrativo con suspensión del acto reclamado interpuesto por la defensa del magistrado José Olivio Rodríguez.
El 31 de marzo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el magistrado y otros servidores y exservidores públicos, por los supuestos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
La línea de investigación reveló irregularidades en el proceso de contratación, sobrevaloración de las máquinas, software y cursos de capacitación adquiridos por Infop de Catacamas, Olancho.
El recurso
“La autoridad recurrida hizo una petición ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, de nombramiento y juramentación de peritos, con el fin de convalidar pretensiones probatorias, siendo órgano jurisdiccional incompetente, pues al estar en el referido proceso un alto funcionario del Estado corresponde conocer exclusivamente a la CSJ”, establece la comunicación emitida por la Sala Constitucional.
De acuerdo con el CNA, los magistrados actuaron de manera expedita, demostrando una grave injerencia por parte de la Corte Suprema en los procesos investigativos.
“La suspensión del acto reclamado va dirigida a obstruir, retardar y perjudicar el proceso investigativo que se ha venido realizando desde abril hasta la fecha, por lo que la decisión adoptada vulnera los principios de un verdadero Estado de derecho”, establece un comunicado del CNA.
Asimismo, la misiva expresa que “manifestamos nuestra preocupación, ya que la denuncia en proceso de investigación no se ha judicializado y ha generado que los denunciados presenten acciones que únicamente tienen como objetivo burlarse de la justicia”.
La Sala Constitucional admitió un recurso de amparo administrativo con suspensión del acto reclamado interpuesto por la defensa del magistrado José Olivio Rodríguez.
El 31 de marzo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el magistrado y otros servidores y exservidores públicos, por los supuestos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los funcionarios públicos y malversación de caudales públicos.
La línea de investigación reveló irregularidades en el proceso de contratación, sobrevaloración de las máquinas, software y cursos de capacitación adquiridos por Infop de Catacamas, Olancho.
El recurso
“La autoridad recurrida hizo una petición ante el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, de nombramiento y juramentación de peritos, con el fin de convalidar pretensiones probatorias, siendo órgano jurisdiccional incompetente, pues al estar en el referido proceso un alto funcionario del Estado corresponde conocer exclusivamente a la CSJ”, establece la comunicación emitida por la Sala Constitucional.
De acuerdo con el CNA, los magistrados actuaron de manera expedita, demostrando una grave injerencia por parte de la Corte Suprema en los procesos investigativos.
“La suspensión del acto reclamado va dirigida a obstruir, retardar y perjudicar el proceso investigativo que se ha venido realizando desde abril hasta la fecha, por lo que la decisión adoptada vulnera los principios de un verdadero Estado de derecho”, establece un comunicado del CNA.
Asimismo, la misiva expresa que “manifestamos nuestra preocupación, ya que la denuncia en proceso de investigación no se ha judicializado y ha generado que los denunciados presenten acciones que únicamente tienen como objetivo burlarse de la justicia”.
