Desde mandar a sancionar la adhesión de Honduras a un banco internacional, a pesar de la oposición de la mayoría de los diputados, hasta decidir unilateralmente si una moción procede o no, son atribuciones que Luis Redondo se ha adjudicado en sus más de mil días de gestión en el Poder Legislativo.
Para la oposición y expertos constitucionales, Redondo ha cometido abuso de autoridad, usurpación y traición a la patria.
A criterio de los mismos congresistas, él ha violentado el artículo 205 de la Constitución, que en síntesis establece las potestades y atribuciones que tienen los diputados.
Coinciden en que ha lacerado la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que en su artículo 63 indica que “las decisiones del Congreso Nacional se tomarán por el voto de la simple mayoría de los diputados presentes, excepto en los casos específicos que determine la Constitución de la república. El voto podrá ser afirmativo, negativo o de abstención. Ningún diputado podrá excusarse de emitir su voto”.
Para la diputada liberal Maribel Espinoza, el nivel de desconocimiento de Redondo es alto: “Ni siquiera es abogado y es lamentable que, sin serlo, pretenda mediante cartas hacer análisis que atropellen las leyes y que, como consecuencia, cometa delitos”.
Entre las ilegalidades, según entrevistados, es la usurpación de los 128 diputados o de su mayoría simple (65 votos) o mayoría calificada (86).
Adhesión a la CAF
El 28 de julio de 2023, Honduras se unió a la Corporación Andina de Fomento (CAF), cuya adhesión se realizó pese a que solo se obtuvieron 50 votos para su aprobación, cuando se requerían, como mínimo, 65.
El día de la votación, 70 congresistas se opusieron y, aun así, Luis Redondo mandó a sancionar el decreto al Poder Ejecutivo, y una vez sancionado se publicó en el diario oficial La Gaceta. En ese entonces, expertos calificaron este acto como “un golpe técnico al Congreso Nacional”.
“Usurpó el poder de cada uno de los diputados, y eso sería causal suficiente para que los mismos diputados lo llamen a juicio político, como lo establece el artículo 5 de la Ley de Juicio Político”, declaró el experto constitucional Oliver Erazo.
Comisión Permanente
En noviembre de 2023, Luis Redondo y la comisión permanente del Congreso Nacional nombraron a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal adjunto en un contexto crítico, ya que Daniel Sibrián había asumido como fiscal general tras la salida de Óscar Chinchilla.
Ante la falta de consenso para nombrar fiscales, Redondo afirmó que la comisión permanente debía resolver y elegir a las autoridades interinas del Ministerio Público.
El 1 de noviembre de 2023, con su mano derecha elevada y la otra puesta sobre la Constitución de la República, Johel Zelaya fue juramentado como fiscal interino.
Redondo justificó que se basó en el artículo 208, numeral 11 de la Constitución de la República, que otorga facultades a la Comisión Permanente para “elegir interinamente, en caso de falta absoluta, a los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional”.
Sin embargo, de acuerdo con juristas y estudios del derecho constitucional, en el Ministerio Público no se cumple este apartado porque la titularidad era ejercida por el fiscal adjunto Daniel Sibrián.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia había fallado declarando la constitucionalidad total del artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que “los funcionarios que elige el Congreso Nacional de la República, cuando concluya el período para el que fueron electos y no se hayan designado sus sustitutos, permanecerán en funciones en sus cargos hasta que se realice dicha elección”.
Renuncia del designado presidencial
El 24 de abril de 2024, Redondo decidió, sin consultar al pleno de los 128 diputados, no tramitar la renuncia del designado presidencial Salvador Nasralla.
Redondo justificó su decisión afirmando que la renuncia no violaba la Constitución y que Nasralla tenía la libertad de renunciar, ya que nunca había sido designado como presidente en funciones por Xiomara Castro.
Sin embargo, el analista Keneth Madrid explicó que “el artículo 205 de la Constitución le dice que él debe someter la renuncia a discusión de la cámara legislativa, de los diputados, y no es potestad del presidente del Congreso decidir si la somete o no”.
Tiempo después, Nasralla cambió el motivo de su renuncia y fue aceptada por el pleno.
Moción para interpelar al jefe de las FF AA
En las últimas sesiones, la bancada opositora del Partido Nacional ha intentado presentar una moción para interpelar a Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, por un discurso político en el que instó a cumplir con la agenda del oficialismo: aprobar la Ley de Justicia Tributaria.
No obstante, Redondo no ha concedido la palabra al Partido Nacional para que presente la moción, pero él, por sí solo, en un escrito manifestó que la moción “se encuentra jurídicamente al margen de la Constitución, puesto que no se encuentra comprendido en los artículos 205, numeral 22 y 251 de la Constitución de la República, que establecen la facultad del Congreso Nacional para realizar una interpelación”
Para los analistas, Redondo nuevamente está usurpando lo que los 128 diputados en conjunto deben decidir.
A través de su cuenta de X, Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista, alegó que Redondo es “un usurpador de la Presidencia en el CN” por incumplir su palabra con la moción presentada.
Reprochó: “Confiamos en que era un caballero y cumpliría su palabra empeñada frente a varios testigos para poder leer la moción exhortativa al diputado Jorge Zelaya en nombre de la bancada del PN para interpelar al jefe del Estado Mayor Conjunto”.
La diputada Maribel Espinoza, quien es abogada, explicó que tres artículos del Código Penal establecen cárcel por los presuntos delitos que ha cometido Redondo en el ejercicio de sus funciones como titular del Poder Legislativo.
Luis Redondo también está expuesto a un juicio político o ser interpelado por el mismo Congreso Nacional.
“Es algo que se debe de dialogar con todas las bancadas, porque se necesitan 86 votos”, dijo la diputada Espinoza.
Reformar la Ley Orgánica
Carlos Umaña, jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras, explicó que parte de lo que hace Redondo es porque lo faculta la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
.“La Ley Orgánica dice que el presidente puede conceder la palabra y el orden a quien quiera, y es lo que ha hecho el presidente en las mociones polémicas, no conceder, pero la ley lo permite”, justificó.
Aunque el abogado Oliver Erazo, es del criterio que con todo el listado de ilegalidades es oportuno “un juicio político contra Redondo y reformar la Ley Orgánica”.
