La Ceiba, Atlántida
Siete meses y diez días han pasado desde el fatídico accidente aéreo del vuelo 018 de Aerolíneas Lanhsa, en el que murieron 12 personas y cinco sobrevivieron. El avión continúa sumergido en el mar, entre 50 y 60 metros de profundidad, mientras los familiares de las víctimas exigen agilizar las investigaciones.
La tragedia aérea ocurrió la tarde del 17 de marzo del presente año en el aeropuerto Juan Manuel Gálvez, de Roatán, Islas de la Bahía. El avión Jetstream 32 despegó desde la pista 07, pero tras alcanzar entre 20 y 35 pies de altitud, se desvió hacia la derecha, perdió el control y cayó al mar, a unos 150 metros del borde de la terminal aérea.
Se conoció que la aeronave sufrió desperfectos mecánicos y perdió altura pocos segundos después del despegue. La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) emitió el 21 de abril un informe preliminar sobre el trágico accidente, aunque no detalló las causas del siniestro.
Entre las víctimas se encontraban los pilotos Luis Araya y Francisco Lagos, así como los pasajeros Aurelio Martínez, reconocido cantautor hondureño; Carlos Edwin Mejía, su compañera de hogar Alba Rosa Acosta y sus hijas Karla Abigail Mejía y Kimberly Nicol Mejía. También perdieron la vida Seida Torres, Andrea Flórez, Angie Flores, Yeimi Duarte y Nidia Miranda Benítez.
Familiares de las víctimas exigen respuestas
Para Roxana Romero, esposa del artista Aurelio Martínez, han sido días de profundo dolor y tristeza, pero también de angustia por la falta de información por parte de las autoridades de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación (CIAIA) y de la aerolínea Lanhsa.
“No hemos tenido ninguna información por parte del director general de la empresa Lanhsa. Lo que sabemos es que ha suspendido operaciones, pero no se han acercado a los familiares de las víctimas”, dijo Roxana Romero.
“Ni el Estado de Honduras nos da información. Tuvimos la visita de unos investigadores de la Fiscalía, pero fuera de eso no hemos tenido ningún avance. Sentimos que este caso está estancado, que hay un silencio por parte de la empresa y de los entes estatales. En Honduras un silencio significa complicidad, y para nosotros es indignante”, añadió Romero.
Se espera que para abril de 2026 se cuente con el informe final por parte de las autoridades de la Comisión de Investigación de Accidentes, como establecen los protocolos internacionales, que obligan a determinar las causas de un accidente aéreo dentro del año siguiente a su ocurrencia.
Las autoridades han intentado extraer el avión del mar, pero no lo han logrado debido a la complejidad del proceso y a la falta de presupuesto, ya que se requiere contratar un equipo de buceo especializado que no se encuentra disponible en el país.
“Nos han dicho que en un año el avión puede perder las pruebas para determinar las causas. El avión se está deteriorando. El Estado debería estar interesado en extraerlo, pero nos han dicho que no tienen presupuesto. Estamos exigiendo el derecho a la verdad”, manifestó Roxana Romero.
Al consultar a una fuente de Aeronáutica Civil sobre el avance de las investigaciones, se informó que las indagaciones siguen su curso y que se está a la espera de un informe final sobre el accidente.
El 20 de marzo, tres días después del accidente un equipo de cuatro expertos británicos de la empresa British Aerospace, fabricante de la aeronave, se trasladó a Roatán, con el fin de apoyar las invetigaciones técnicas, sin embargo poco o nada pudieron hacer al no poder extraer el aparato.
Demanda de la familia de las víctimas del accidente
La familia de Aurelio Martínez y parientes de otras víctimas interpusieron una demanda internacional contra Aerolíneas Lanhsa, a través del bufete DJC Law, con sede en Texas, Estados Unidos, liderado por el abogado Andrés Pereira.
Esta firma depende de los resultados de las investigaciones en Honduras para continuar el proceso judicial. La demanda se interpuso debido al escaso apoyo recibido por los familiares por parte de la empresa.
Por su parte, la aerolínea expresó, a través de su apoderado legal, que indemnizará a los parientes de las víctimas una vez concluido el proceso de investigación.
