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Entrampada la ley para el financiamiento político

Aún no hay acuerdos sobre los límites del financiamiento público y privado. Tampoco los partidos han podido ponerse de acuerdo sobre el órgano fiscalizador del dinero.

Con la nueva ley se busca auditar los ingresos y financiamiento de los partidos en las futuras campañas electorales de comicios primarios y generales.
Con la nueva ley se busca auditar los ingresos y financiamiento de los partidos en las futuras campañas electorales de comicios primarios y generales.

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión Ordinaria de Asuntos Electorales del Congreso Nacional enfrenta una carrera contrarreloj para poder presentar en tiempo y forma el borrador de la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y Campañas Electorales antes de la convocatoria a elecciones primarias prevista para el 11 de septiembre.

En función de eso, al Congreso le quedan un poco menos de 55 días para someter a consideración de las fuerzas políticas el borrador de la ley y luego someterlo a aprobación en el pleno para su inmediata implementación en el proceso preelectoral de las elecciones primarias de marzo de 2017.

Corrupción política
En el último proceso electoral se detectó que muchos candidatos eran financiados por el crimen organizado.

Los acuerdos partidarios se contraen a que la normativa debe aprobarse con el respaldo de la mayoría calificada (86 votos) y debe someterse previamente a una consulta dentro de los partidos representados en ese poder del Estado.

Justo ayer, la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales y la División de la Reforma Político-Electoral de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) tuvieron una jornada intensiva para avanzar en la estructuración del anteproyecto de ley.

Acordaron que será la oficina de fiscalización y control el ente encargado de vigilar, auditar y fiscalizar el financiamiento de los partidos y las campañas electorales, informó la diputada liberal, Aracely Leiva.

La Comisión discutió ayer el tema del acceso equitativo de los partidos políticos a los medios de comunicación en tiempos de campaña electoral, el período establecido para el silencio electoral, las prohibiciones a los funcionarios públicos.

En el tema de la transparencia se acordó el diseño de un sistema administrativo contable que permita visibilizar la cantidad de recursos a disposición de cada partido y al final del año liquidarlo.

Desfase

El borrador ya consensuado debió estar listo en este julio, pero algunos miembros de la Comisión se quejaron que ha habido muy pocos avances en su elaboración, por lo que ven improbable que pueda tenerse a tiempo.

De hecho, se cree que el tiempo es tan corto que será imposible aplicarla por lo menos en los comicios primarios convocados para el 12 de marzo de 2017.

Además, existe el riesgo que la legislación no cuente con el respaldo del Partido Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Anticorrupción (PAC), cuyos dirigentes condicionan su respaldo a cualquier reforma política a la incorporación de sus representantes en los órganos electorales. Doris Gutiérrez, diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu) y miembro de la Comisión Electoral, lamentó los pocos avances en la preparación del borrador y dijo que apenas tuvieron dos jornadas en los primeros días de junio en las que únicamente se discutió el marco teórico y se analizaron las tres propuestas que se han introducido al Congreso.

La legisladora explicó que la normativa se compone de cuatro ejes fundamentales: financiamiento, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

En el primer componente se habla de financiamiento público y privado, pero en este punto hay un debate en el sentido de si se aumenta o no la deuda política que reciben los partidos.

En cuando al financiamiento privado, la interrogante que ha surgido es hasta cuánto será el límite de las donaciones y aportaciones que podrá hacer el sector privado.

Otro aspecto en el que tampoco hay acuerdo es en torno al tema de la publicidad y particularmente los montos que un partido podrá pautar en los medios de comunicación o si el Estado es el que debe manejar la pauta.

Asimismo, no ha sido posible consensuar lo relativo a la estructuración y composición del organismo que fiscalizará las cuentas de los partidos y las candidaturas presidenciales.

Dijo que en la mayoría de esos y otros puntos todavía no hay acuerdos dentro de la Comisión Electoral que está conformada por los representantes de todos los partidos con representación en el Congreso.

Agregó que en lo único que sí hay consenso es en el hecho que el borrador de la ley será sometido a referéndum en cada partido y que al momento de aprobarla se hará con el voto de la mayoría calificada.

Con respecto al tema, José Alfredo Saavedra, diputado liberal y presidente de la Comisión Electoral, se mostró más optimista y dijo que en agosto próximo el proyecto de ley será sometido a discusión del pleno legislativo.

“Hemos tomado como decisión que a más tardar en agosto debe estar presentado el dictamen y poder someterlo al Congreso, ese es un compromiso firmado por la Comisión de Asuntos Electorales y los miembros de la Maccih que están apoyando esta tarea”, informó. El propósito es que antes de la convocatoria a las elecciones primarias debe estar aprobada y en vigor.