San Pedro Sula, Honduras.
Buena parte de la seguridad en Honduras está en manos del sector privado.
Las empresas que prestan toda una gama de servicios se han convertido en la opción que la ciudadanía utiliza para protegerse.
La Secretaría de Seguridad tiene registradas hasta junio de este año 879 empresas en todo el país, de ellas 205 se encuentran en San Pedro Sula.
La demanda de servicios de seguridad privada en 2015 ha ido en aumento, aseguran los ejecutivos de diferentes empresas de seguridad en la ciudad. En los primeros seis meses ya se reporta un aumento de un 80%.
“La población no se siente segura y por eso solicita asistencia a las empresas de seguridad. El servicio se ha incrementado y no solo para viviendas o escoltas personales, las gasolineras y negocios han incrementado el número de agentes que custodian los establecimientos; aunque otra parte es para servicio eventual”, relató Wilmer Fúnez, gerente de operaciones de Maya Security.
En el foro de seguridad privada que se desarrolló en 2012 en el país, organizaciones no gubernamentales expusieron que en Honduras hay 80 mil guardias de seguridad. La relación del número de policías y guardias de seguridad es de uno a cinco, según la información disponible en el informe de Naciones Unidas, en el que además señala que la mayoría de los propietarios de esas empresas son oficiales retirados de la Policía y el Ejército de Honduras.
Débil supervisión
La proliferación de empresas de seguridad entre legales e ilegales es compensada por la alta demanda de servicios en barrios y colonias, vigilancia en residencias y edificios, guardaespaldas, custodia de valores y otros. Esto indica que la industria de la seguridad privada va creciendo en Honduras.
“Esta situación refleja la debilidad en el sistema institucional en el tema de la seguridad que ahora obliga al sector empresarial a contratar guardias, vigilantes, servicios en el traslado de valores; pero esto es solo para aquellos que pueden costearse su seguridad, pero que no son la mayoría”, explicó Arabezca Sánchez, analista en Seguridad.
Los hondureños ahora establecen en su prespuesto familiar los servicios de seguridad; pero la misma ciudadanía ignora qué controles utiliza el Estado para vigilar la operación de estos prestadores de servicios.
“La regulación de las empresas de seguridad privada la realiza la Secretaría de Seguridad, pero la misma resulta insuficiente y es muy débil para ejercer el control de las registradas y las ilegales, cuyo fin es el lucro”, dijo Patricia Arias, consultora de Naciones Unidas.
Ese control significa también que la misma Secretaría debe incorporar en sus bases de datos los antecedentes de todos los que son contratados para dar seguridad privada, a criterio de analistas.
“El Estado debe revisar las planillas, saber si el recurso humano tiene o no antecedentes penales, si las armas que utilizan están dentro de las permitidas y si el número de armas coincide con la carga de trabajo”, dijo Sánchez.
Otros servicios
Pero las demandas de la seguridad van en aumento y muchas empresas se han visto obligadas a incorporar dentro de la gama de servicios hasta patrullas especiales para el transporte de mercaderías y carga, ante la ola de asaltos que camiones y furgones sufren en los traslados de productos.
Parte de los servicios de reacción incluyen la instalación de cámaras de seguridad con monitoreo, alarmas, GPS, los cuales son monitoreados cada 15 minutos.
Desde hace seis años, varias empresas ofrecen con mayor eficiencia el servicio de custodia de camiones y contendores.
“La prevención es notoria ahora en la gente porque hay más solicitudes de los servicios de alarmas, cercas eléctricas y de GPS, donde algunos piden el servicio adicional de reacción. Contar con el monitoreo de cámaras en una vivienda a una familia le representa un costo de 500 lempiras al mes”, explicó Elizabeth Villatoro, gerente de Electrónica Maya.
Los servicios que ahora ofrecen las empresas incluyen hasta investigación privada, pero esto es objeto de contradicción por la falta de regulación.
Buena parte de la seguridad en Honduras está en manos del sector privado.
Las empresas que prestan toda una gama de servicios se han convertido en la opción que la ciudadanía utiliza para protegerse.
La Secretaría de Seguridad tiene registradas hasta junio de este año 879 empresas en todo el país, de ellas 205 se encuentran en San Pedro Sula.
La demanda de servicios de seguridad privada en 2015 ha ido en aumento, aseguran los ejecutivos de diferentes empresas de seguridad en la ciudad. En los primeros seis meses ya se reporta un aumento de un 80%.
“La población no se siente segura y por eso solicita asistencia a las empresas de seguridad. El servicio se ha incrementado y no solo para viviendas o escoltas personales, las gasolineras y negocios han incrementado el número de agentes que custodian los establecimientos; aunque otra parte es para servicio eventual”, relató Wilmer Fúnez, gerente de operaciones de Maya Security.
En el foro de seguridad privada que se desarrolló en 2012 en el país, organizaciones no gubernamentales expusieron que en Honduras hay 80 mil guardias de seguridad. La relación del número de policías y guardias de seguridad es de uno a cinco, según la información disponible en el informe de Naciones Unidas, en el que además señala que la mayoría de los propietarios de esas empresas son oficiales retirados de la Policía y el Ejército de Honduras.
 En la gama de servicios que ofrecen las agencias privadas están los patrullajes de reacción y el monitoreo de las cámaras de seguridad instaladas en viviendas y negocios.
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La proliferación de empresas de seguridad entre legales e ilegales es compensada por la alta demanda de servicios en barrios y colonias, vigilancia en residencias y edificios, guardaespaldas, custodia de valores y otros. Esto indica que la industria de la seguridad privada va creciendo en Honduras.
“Esta situación refleja la debilidad en el sistema institucional en el tema de la seguridad que ahora obliga al sector empresarial a contratar guardias, vigilantes, servicios en el traslado de valores; pero esto es solo para aquellos que pueden costearse su seguridad, pero que no son la mayoría”, explicó Arabezca Sánchez, analista en Seguridad.
Los hondureños ahora establecen en su prespuesto familiar los servicios de seguridad; pero la misma ciudadanía ignora qué controles utiliza el Estado para vigilar la operación de estos prestadores de servicios.
“La regulación de las empresas de seguridad privada la realiza la Secretaría de Seguridad, pero la misma resulta insuficiente y es muy débil para ejercer el control de las registradas y las ilegales, cuyo fin es el lucro”, dijo Patricia Arias, consultora de Naciones Unidas.
Ese control significa también que la misma Secretaría debe incorporar en sus bases de datos los antecedentes de todos los que son contratados para dar seguridad privada, a criterio de analistas.
“El Estado debe revisar las planillas, saber si el recurso humano tiene o no antecedentes penales, si las armas que utilizan están dentro de las permitidas y si el número de armas coincide con la carga de trabajo”, dijo Sánchez.
 Esto suple las debilidades de seguridad que tiene la población. El auge de estas herramientas va en aumento ante la indefensión que viven los hondureños.
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Pero las demandas de la seguridad van en aumento y muchas empresas se han visto obligadas a incorporar dentro de la gama de servicios hasta patrullas especiales para el transporte de mercaderías y carga, ante la ola de asaltos que camiones y furgones sufren en los traslados de productos.
Parte de los servicios de reacción incluyen la instalación de cámaras de seguridad con monitoreo, alarmas, GPS, los cuales son monitoreados cada 15 minutos.
Desde hace seis años, varias empresas ofrecen con mayor eficiencia el servicio de custodia de camiones y contendores.
“La prevención es notoria ahora en la gente porque hay más solicitudes de los servicios de alarmas, cercas eléctricas y de GPS, donde algunos piden el servicio adicional de reacción. Contar con el monitoreo de cámaras en una vivienda a una familia le representa un costo de 500 lempiras al mes”, explicó Elizabeth Villatoro, gerente de Electrónica Maya.
Los servicios que ahora ofrecen las empresas incluyen hasta investigación privada, pero esto es objeto de contradicción por la falta de regulación.
