Tegucigalpa, Honduras.
Además, para el reinicio se ha tomado en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en torno a la
inhabilitación de días y horas para las actuaciones y plazas procesales y de parte de los órganos jurisdiccionales. Se ha acordado también habilitar los términos y plazos legales de acciones administrativas realizadas de la Secretaría General; en el caso de la oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública se estará a lo dispuesto por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El Ministerio Público inició este lunes la reactivación gradual de actividades presenciales de su personal fiscal, forense, técnico y administrativo a nivel nacional, luego de la suspensión de labores en el marco la emergencia sanitaria decretada desde el mes de marzo por el Estado de Honduras por motivo de la pandemia del COVID-19.
La Fiscalía General de la República ha acordado iniciar dicho proceso con el 20% de empleados y funcionarios cuya condición de salud y tránsito son las más óptimas y en base a criterios como: densidad poblacional, niveles de contagio y la propagación de la enfermedad, pero sobre todo cumpliendo con los mecanismos y protocolos de bioseguridad necesarios para salvaguardar al personal en consonancia con las disposiciones emitidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Secretaría de Trabajo y demás autoridades.
Cabe aclarar que la atención al público en general que requiera de cualquier diligencia oficial o toma de denuncia, deberá de tramitarse por medio de las fiscalía de turno de todo el país, como ha venido ocurriendo durante todo este período de cuarentena, en el cual el Ministerio Público ha recibido a personas víctimas de delitos, causas en flagrancia, grupos vulnerables, diligencias de investigación, servicios forenses, casos de corrupción y crimen organizado, así como otras labores inherentes al normal desempeño de la institución.
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El Ministerio Público informó que simultáneamente al plan de reactivación gradual de labores que entra en marcha, la Fiscalía General aprobó un protocolo de bioseguridad- medidas de prevención del contagio del SARS-COV-2 para la seguridad y salud en el lugar de trabajo, a través del cual ya se ejecutaron los procedimientos de fumigación, sanitización, desinfección y limpieza de instalaciones, así como un programa de sensibilización y capacitación al personal encargado de áreas sensitivas.
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El Ministerio Público recalcó que del 20% del personal seleccionado para laborar en la fase I comprendida del 15 al 30 de junio, se exceptúan de la incorporación a las tareas presenciales a los servidores y empleados mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con trastornos inmunológicos de cualquier origen, quienes padezcan de diabetes, insuficiencia renal, hipertensas o con patologías cardiovasculares, oncológicas e infecciones respiratorias.
