Tegucigalpa, Honduras.
Una comisión del Poder Judicial trabaja para determinar quiénes podrían ser los beneficiarios del indulto para descongestionar los centros penales que, según se ha informado, favorecería a unos cuatro mil privados de libertad en Honduras.
Hay varios requisitos que los presos deben cumplir, con constancias y declaraciones juradas, las que muchos no podrían presentar por su situación económica.
“Estamos a favor del beneficio del indulto, pero debe hacerse una revisión a la ley. Hay demasiados requisitos por cumplir que ponen trabas al indulto; muchos de los privados no tienen la solvencia económica para tramitar varios documentos que plantea la ley”, explicó Mildred López, juez de ejecución de El Progreso.
Asimismo, hay privados de libertad que están fuera de beneficiarse del indulto porque pagan condenas por delitos que están excluidos de lo que establece la ley y a estos solo les queda otra salida, como el beneficio de preliberación o la conmuta.
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Revisión. Pero pese a esas limitantes, la comisión multidisciplinaria está trabajando en la revisión de expedientes de aquellos que cumplen con los requisitos para recibir el indulto.
“Se ha iniciado el proceso en el Centro Penitenciario de Támara y van a continuar en los distintos centros penales del país. Serán favorecidos aquellos acusados por delitos menores, como robo o posesión de droga en pequeñas cantidades”, explicó Digna Aguilar, vocera del Instituto Nacional Penitenciario.
Según la Ley de Indulto, aplican a este beneficio aquellos que tienen alguna discapacidad o sean personas de la tercera edad, pero no quienes gozan de libertad condicional o que realizan trabajo comunitario por la conmuta concedida.
