Tegucigalpa, Honduras.
“Esta corrupción nunca la van a terminar ustedes, esos abogados son pícaros y cobran mucho, no se tocan los hígados y a ellos no les importa quién sea…Hay un viejito chele que se llama JAOO que me comió 10,000 lempiras y nunca me reintegró”.
Lo anterior es parte de la declaración que rindió ante un investigador de la Inspectoría General de la Policía Nacional la agente de tránsito Isabel Zepeda Munguía, quien fue una de las tantas policías llamadas a testificar contra un grupo de abogados extorsionadores que labora en la institución.
A esta agente se le entregó la baja en 2007 por una falta disciplinaria, pero, posteriormente, fue reintegrada después de pagar una cantidad de 20,000 lempiras a dos abogados de Recursos Humanos del Cuartel General de Casamata.
Sin embargo, la mujer ya había adelantado 10,000 lempiras a otro jurista de la misma institución que no le resolvió su reintegro, pero se quedó con su dinero.
“Ellos (los abogados) cambiaron el dictamen viejo que yo tenía manchado por mi baja para poder reintegrarme a la Policía”, reveló en esa oportunidad.
Otro policía, Calixto Castellón, testificó que los mismos abogados le cobraron 20,000 lempiras por reincorporarlo a la institución tras haber recibido la baja en 2011 por varias faltas graves, entre ellas una denuncia de asalto.
“Esos abogados cobran muy caro por cambiar el dictamen por reintegrar en Casamata”, comentó el policía al investigador.
Estos son solo algunos de los testimonios que ponen en evidencia la enorme corrupción que imperaba en la jefaturas de Recursos Humanos y Asesoría Legal.
Los testimonios de estos y otros agentes llamados a declarar fueron coincidentes y en todos confesaron que se vieron obligados a pagar sumas entre 10,000, 20,000 y hasta 50,000 lempiras por borrar sus expedientes y ser reintegrados a la Policía, a pesar que ya no eran aptos para continuar en servicio.
Red de corrupción
A través de las investigaciones que hizo la Inspectoría general de la Policía entre 2010 y 2015 lograron identificar plenamente un grupo de al menos siete abogados de diferentes dependencias de la Policía Nacional, quienes se aliaron y formaron una organizada red de corrupción que cobraba ilícitamente altas sumas de dinero para reintegrar oficiales y agentes que estaban bajo procesos disciplinarios o que habían sido dados de baja por diversos delitos o faltas graves.
Bajo ese esquema de corruptela ofrecían servicios para manipular y desaparecer expedientes, cambiar oficios y dictámenes que favorecían a oficiales que reprobaban las pruebas de confianza, negociaban juicios y demandas contra la Policía y cambiaban las hojas de servicio de aquellos que tenían problemas para poder ascender.
Según los documentos oficiales a los que se tuvo acceso, este grupo de profesionales estaban plenamente coordinados para realizar estas actividades ilícitas.
Por ejemplo, un policía que enfrentaba un problema disciplinario recurría al abogado que estaba asignado a la dirección en la cual prestaba sus servicios.
Este lo remitía a los asesores legales que estaban en el Cuartel de Casamata y estos se encargaban de comunicarle al agente la tarifa que debía pagar por sus servicios, si quería volver a la institución.
Como resultado de la pesquisa se logró identificar a siete profesionales del Derecho asignados a Personal, Asesoría Legal, la Umep, los Cobras y la Dirección General de la Policía, bajo las iniciales MSHS, SSPR, MTC, JAOO, LYFM, REAR, AC.
Rinden cuentas
A raíz de estas y otras anonalías, más de 80 abogados desfilaron ayer por el Cuartel General de la Policía, en Las Casitas, para rendir un informe de sus funciones y de los casos que están en su poder, a solicitud de la Comisión Especial de Depuración.
Los juristas llenaron un formulario y entregaron copias de los expedientes que estaban a su cargo y quedaron bajo investigación.
“Esta corrupción nunca la van a terminar ustedes, esos abogados son pícaros y cobran mucho, no se tocan los hígados y a ellos no les importa quién sea…Hay un viejito chele que se llama JAOO que me comió 10,000 lempiras y nunca me reintegró”.
Lo anterior es parte de la declaración que rindió ante un investigador de la Inspectoría General de la Policía Nacional la agente de tránsito Isabel Zepeda Munguía, quien fue una de las tantas policías llamadas a testificar contra un grupo de abogados extorsionadores que labora en la institución.
A esta agente se le entregó la baja en 2007 por una falta disciplinaria, pero, posteriormente, fue reintegrada después de pagar una cantidad de 20,000 lempiras a dos abogados de Recursos Humanos del Cuartel General de Casamata.
Sin embargo, la mujer ya había adelantado 10,000 lempiras a otro jurista de la misma institución que no le resolvió su reintegro, pero se quedó con su dinero.
“Ellos (los abogados) cambiaron el dictamen viejo que yo tenía manchado por mi baja para poder reintegrarme a la Policía”, reveló en esa oportunidad.
Otro policía, Calixto Castellón, testificó que los mismos abogados le cobraron 20,000 lempiras por reincorporarlo a la institución tras haber recibido la baja en 2011 por varias faltas graves, entre ellas una denuncia de asalto.
“Esos abogados cobran muy caro por cambiar el dictamen por reintegrar en Casamata”, comentó el policía al investigador.
Estos son solo algunos de los testimonios que ponen en evidencia la enorme corrupción que imperaba en la jefaturas de Recursos Humanos y Asesoría Legal.
Los testimonios de estos y otros agentes llamados a declarar fueron coincidentes y en todos confesaron que se vieron obligados a pagar sumas entre 10,000, 20,000 y hasta 50,000 lempiras por borrar sus expedientes y ser reintegrados a la Policía, a pesar que ya no eran aptos para continuar en servicio.
 El documento de es la audiencia de descargo que se le levantó por cobros ilegales al entonces jefe de Asesoría Legal.
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A través de las investigaciones que hizo la Inspectoría general de la Policía entre 2010 y 2015 lograron identificar plenamente un grupo de al menos siete abogados de diferentes dependencias de la Policía Nacional, quienes se aliaron y formaron una organizada red de corrupción que cobraba ilícitamente altas sumas de dinero para reintegrar oficiales y agentes que estaban bajo procesos disciplinarios o que habían sido dados de baja por diversos delitos o faltas graves.
Bajo ese esquema de corruptela ofrecían servicios para manipular y desaparecer expedientes, cambiar oficios y dictámenes que favorecían a oficiales que reprobaban las pruebas de confianza, negociaban juicios y demandas contra la Policía y cambiaban las hojas de servicio de aquellos que tenían problemas para poder ascender.
Según los documentos oficiales a los que se tuvo acceso, este grupo de profesionales estaban plenamente coordinados para realizar estas actividades ilícitas.
Por ejemplo, un policía que enfrentaba un problema disciplinario recurría al abogado que estaba asignado a la dirección en la cual prestaba sus servicios.
Este lo remitía a los asesores legales que estaban en el Cuartel de Casamata y estos se encargaban de comunicarle al agente la tarifa que debía pagar por sus servicios, si quería volver a la institución.
Como resultado de la pesquisa se logró identificar a siete profesionales del Derecho asignados a Personal, Asesoría Legal, la Umep, los Cobras y la Dirección General de la Policía, bajo las iniciales MSHS, SSPR, MTC, JAOO, LYFM, REAR, AC.
 Es la declaración reveladora de un policía que fue llamado a testificar.
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A raíz de estas y otras anonalías, más de 80 abogados desfilaron ayer por el Cuartel General de la Policía, en Las Casitas, para rendir un informe de sus funciones y de los casos que están en su poder, a solicitud de la Comisión Especial de Depuración.
Los juristas llenaron un formulario y entregaron copias de los expedientes que estaban a su cargo y quedaron bajo investigación.
