Tegucigalpa, Honduras.
La corrupción al interior de la Policía Nacional alcanzó niveles espantosos y escalofriantes en las estructuras administrativas y legales de esa institución, según consta en informes oficiales de Inspectoría.
Así está plasmado en diferentes oficios y declaraciones juradas a las que tuvo acceso exclusivo diario LA PRENSA, en las cuales están documentados los cobros irregulares que los abogados de la Secretaría de Seguridad aplicaban a los oficiales y agentes que pasaban por procesos disciplinarios y legales.
Entre estas figuran decenas de denuncias que los afectados presentaron ante la Inspectoría General de la institución Policial y que recientemente fueron entregadas al Ministerio Público para su investigación y judicialización.
Los documentos establecen que estos profesionales aplicaban cobros que iban desde 5,000, 10,000 hasta 20,000 lempiras por ocultar antecedentes, modificar dictámenes, borrar datos, desaparecer expedientes, así como sustituir y destruir oficios u otros documentos.
Los “servicios” eran ofrecidos especialmente a policías que estaban suspendidos por diferentes faltas y delitos y que buscaban su reintegración a la institución policial y otros que estaban en proceso de ascensos al grado inmediato superior, pero que habían reprobado las pruebas de confianza.
Las denuncias recogidas entre los años 2010 y 2015 mencionan concretamente a los abogados del Departamento de Asesoría Legal y de la Dirección de Personal de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional.
Entre los denunciados figuran un jefe del Departamento Legal de ese entonces y la esposa de un comisionado de Policía, que en aquel momento fungía como Jefe de la Unidad Metropolitana Preventiva de la ciudad de Tegucigalpa.
Asimismo, las investigaciones involucran en la destrucción y desaparición de expedientes a una policía con las iniciales MROB, una secretaria identificada solo como SLGF y al clase III HOD, todos señalados por alterar documentos de agentes fallecidos para “cobrar el seguro por medio de sus parientes y amigos”, cita uno de los informes.
Un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad comentó que la corrupción en los departamentos de Personal y Asesoría Legal era espantosa y de eso tenían amplio conocimiento los últimos directores generales y, también, los inspectores generales del cuerpo policial.
Se informó que algunos de los funcionarios implicados fueron separados, pero la mayoría siguen laborando en la institución en otros puestos y con mejores salarios.
Los testimonios
Una de las numerosas denuncias a las que tuvo acceso LA PRENSA relata el caso de un policía apodado el “Parcho”, quien estaba asignado a la seguridad del entonces subcomisionado Leandro Osorio.
Este sujeto tenía 20 denuncias en la unidad de asuntos internos por robo a mano armada y asalto, motivos por los cuales fue dado de baja en el año 2007; sin embargo, fue reintegrado a la Policía tras pagarle a dos abogados de Asesoría Legal y Recursos Humanos la cantidad de 10,000 lempiras.
Otro de los casos es el de un policía identificado con las iniciales CACM, quien estaba bajo investigación por utilizar la unidad motorizada que tenía asignada para cometer asaltos en plena vía pública y despojar de sus armas a guardias de seguridad privada.
Este sujeto también pagó una cantidad similar para que le limpiaran el expediente estos mismos abogados.
“En el mes de noviembre del año pasado (2011) hice una denuncia ante el Ministro de Seguridad (Pompeyo Bonilla) informándole de los cobros ilícitos que estaban haciendo abogados de Recursos Humanos de Casamata cobrando los dictámenes a los policías que se han ido de baja por cometer actos delincuenciales”, relató el policía Javier Eduardo Ramos, a quien dos abogados, identificados con las iniciales MH y SPR, le pedían 5,000 lempiras por reintegrarlo a la institución.
La corrupción al interior de la Policía Nacional alcanzó niveles espantosos y escalofriantes en las estructuras administrativas y legales de esa institución, según consta en informes oficiales de Inspectoría.
Así está plasmado en diferentes oficios y declaraciones juradas a las que tuvo acceso exclusivo diario LA PRENSA, en las cuales están documentados los cobros irregulares que los abogados de la Secretaría de Seguridad aplicaban a los oficiales y agentes que pasaban por procesos disciplinarios y legales.
Entre estas figuran decenas de denuncias que los afectados presentaron ante la Inspectoría General de la institución Policial y que recientemente fueron entregadas al Ministerio Público para su investigación y judicialización.
Los documentos establecen que estos profesionales aplicaban cobros que iban desde 5,000, 10,000 hasta 20,000 lempiras por ocultar antecedentes, modificar dictámenes, borrar datos, desaparecer expedientes, así como sustituir y destruir oficios u otros documentos.
Los “servicios” eran ofrecidos especialmente a policías que estaban suspendidos por diferentes faltas y delitos y que buscaban su reintegración a la institución policial y otros que estaban en proceso de ascensos al grado inmediato superior, pero que habían reprobado las pruebas de confianza.
Las denuncias recogidas entre los años 2010 y 2015 mencionan concretamente a los abogados del Departamento de Asesoría Legal y de la Dirección de Personal de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional.
 Estas tres denuncias fueron presentadas por un oficial y dos agentes, a quienes los asesores legales de Recursos Humanos les pedían 5,000 y 20,000 lempiras por reintegrarlos.
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Asimismo, las investigaciones involucran en la destrucción y desaparición de expedientes a una policía con las iniciales MROB, una secretaria identificada solo como SLGF y al clase III HOD, todos señalados por alterar documentos de agentes fallecidos para “cobrar el seguro por medio de sus parientes y amigos”, cita uno de los informes.
Un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad comentó que la corrupción en los departamentos de Personal y Asesoría Legal era espantosa y de eso tenían amplio conocimiento los últimos directores generales y, también, los inspectores generales del cuerpo policial.
Se informó que algunos de los funcionarios implicados fueron separados, pero la mayoría siguen laborando en la institución en otros puestos y con mejores salarios.
Los testimonios
Una de las numerosas denuncias a las que tuvo acceso LA PRENSA relata el caso de un policía apodado el “Parcho”, quien estaba asignado a la seguridad del entonces subcomisionado Leandro Osorio.
Este sujeto tenía 20 denuncias en la unidad de asuntos internos por robo a mano armada y asalto, motivos por los cuales fue dado de baja en el año 2007; sin embargo, fue reintegrado a la Policía tras pagarle a dos abogados de Asesoría Legal y Recursos Humanos la cantidad de 10,000 lempiras.
Otro de los casos es el de un policía identificado con las iniciales CACM, quien estaba bajo investigación por utilizar la unidad motorizada que tenía asignada para cometer asaltos en plena vía pública y despojar de sus armas a guardias de seguridad privada.
Este sujeto también pagó una cantidad similar para que le limpiaran el expediente estos mismos abogados.
“En el mes de noviembre del año pasado (2011) hice una denuncia ante el Ministro de Seguridad (Pompeyo Bonilla) informándole de los cobros ilícitos que estaban haciendo abogados de Recursos Humanos de Casamata cobrando los dictámenes a los policías que se han ido de baja por cometer actos delincuenciales”, relató el policía Javier Eduardo Ramos, a quien dos abogados, identificados con las iniciales MH y SPR, le pedían 5,000 lempiras por reintegrarlo a la institución.
