Tegucigalpa, Honduras.
Ante el peligro que las policías municipales sean cooptadas por el crimen organizado y el narcotráfico y frente a los nefastos antecedentes de alcaldes involucrados en actividades ilícitas, la Comisión de Depuración elevó al Congreso Nacional una propuesta de reforma para que estas fuerzas sean reguladas por la Policía Nacional.
Tal disposición está contenida en el artículo 13 de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional a cuyo borrador tuvo acceso diario LA PRENSA.
En este inciso se crea la Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad y Otros Servicios como órgano responsable de controlar, supervisar, evaluar, autorizar y regular los servicios relacionados con la seguridad de personas, bienes, locales, eventos, transporte de valores y personas, armas, entre otros, prestados por empresas particulares.
A este enunciado se le incorpora un nuevo párrafo que establece que esta “dirección en los términos de esta disposición también regulará a los agentes de la policía que costeen las municipalidades con sus propios fondos”.
Uno de los miembros de la Comisión de Depuración de la Policía -él pidió que no se le identificara- confirmó que con esta disposición se busca evitar que estas fuerzas de control y orden de los gobiernos municipales pasen al servicio del crimen organizado tal como ocurrió con muchos miembros de la Policía.
En ese sentido, explicó que la mencionada dirección tendrá como deber “establecer alianzas estratégicas y acuerdos con las municipalidades, a fin de determinar mecanismos de selección y evaluación de los agentes de la policía que costeé en las municipalidades con sus propios fondos, así como los aspirantes a dichos cargos, de acuerdo con la Constitución, Ley de Municipalidades, Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y demás normativas relacionadas”.
Dudosa reputación
La iniciativa surge justamente después que al menos siete alcaldes fueran detenidos y acusados por su participación en diversos delitos, entre ellos, asesinato, lavados de activos, crimen organizado, almacenamiento ilegal de armas y asociación ilícita.
Entre estos figuran los alcaldes Arnaldo Urbina Soto, del municipio de Yoro, Francisco Martínez Domínguez, de San Isidro, Intibucá, Ramón Daniel Sarmiento, de Juticalpa, Olancho, José Adalid González, de Sulaco, Yoro, Jairo Arnaldo Chinchilla, de San Fernando, Ocotepeque, Jorge Neptalí Romero, de Talanga, y Víctor Manuel Meza, de Reitoca, Francisco Morazán.
El depurador indicó que “ante la mala reputación de muchos alcaldes es un enorme riesgo que tengan bajo sus órdenes cuerpos policiales y gente armada, por lo que esperan que esa posibilidad sea mitigada con las regulaciones legales pertinentes”.
Ante el peligro que las policías municipales sean cooptadas por el crimen organizado y el narcotráfico y frente a los nefastos antecedentes de alcaldes involucrados en actividades ilícitas, la Comisión de Depuración elevó al Congreso Nacional una propuesta de reforma para que estas fuerzas sean reguladas por la Policía Nacional.
Tal disposición está contenida en el artículo 13 de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional a cuyo borrador tuvo acceso diario LA PRENSA.
En este inciso se crea la Dirección de Control de los Servicios Privados de Seguridad y Otros Servicios como órgano responsable de controlar, supervisar, evaluar, autorizar y regular los servicios relacionados con la seguridad de personas, bienes, locales, eventos, transporte de valores y personas, armas, entre otros, prestados por empresas particulares.
| SPS y Tegucigalpa
Son las dos ciudades que aglutinan un numeroso contingente policial propio. Otros municipios cuentan con policía turística.
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Uno de los miembros de la Comisión de Depuración de la Policía -él pidió que no se le identificara- confirmó que con esta disposición se busca evitar que estas fuerzas de control y orden de los gobiernos municipales pasen al servicio del crimen organizado tal como ocurrió con muchos miembros de la Policía.
En ese sentido, explicó que la mencionada dirección tendrá como deber “establecer alianzas estratégicas y acuerdos con las municipalidades, a fin de determinar mecanismos de selección y evaluación de los agentes de la policía que costeé en las municipalidades con sus propios fondos, así como los aspirantes a dichos cargos, de acuerdo con la Constitución, Ley de Municipalidades, Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y demás normativas relacionadas”.
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Elementos
Tiene la Policía Municipal del Distrito Central, de los cuales seis son mujeres. Su labor se concentra en seguridad y orden en los espacios públicos.
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La iniciativa surge justamente después que al menos siete alcaldes fueran detenidos y acusados por su participación en diversos delitos, entre ellos, asesinato, lavados de activos, crimen organizado, almacenamiento ilegal de armas y asociación ilícita.
Entre estos figuran los alcaldes Arnaldo Urbina Soto, del municipio de Yoro, Francisco Martínez Domínguez, de San Isidro, Intibucá, Ramón Daniel Sarmiento, de Juticalpa, Olancho, José Adalid González, de Sulaco, Yoro, Jairo Arnaldo Chinchilla, de San Fernando, Ocotepeque, Jorge Neptalí Romero, de Talanga, y Víctor Manuel Meza, de Reitoca, Francisco Morazán.
El depurador indicó que “ante la mala reputación de muchos alcaldes es un enorme riesgo que tengan bajo sus órdenes cuerpos policiales y gente armada, por lo que esperan que esa posibilidad sea mitigada con las regulaciones legales pertinentes”.
