Ciudad de México.
El presidente Enrique Peña Nieto ha promocionado el nuevo aeropuerto de Ciudad de México como el proyecto de infraestructura insignia de su gobierno, pero otro emprendimiento igual de costoso y ambicioso ha pasado prácticamente desapercibido.
El plan de construir una red de banda ancha de US$10.000 millones, con más de 20.000 antenas, podría darles a las empresas interesadas en brindar servicios de comunicaciones móviles una alternativa al operador dominante de México, Telcel, que es propiedad del multimillonario Carlos Slim.
El proyecto es una parte clave de la campaña de Peña Nieto para impulsar la competencia en el mercado inalámbrico de México, donde Telcel, una unidad de América Móvil SAB, posee una participación de 70%. Algunos analistas de la industria se mantienen escépticos ante el plan, que aparentemente es el primero de su tipo y depende de una regulación compleja.
Según el plan de reforma de Peña Nieto, la nueva red sería administrada como un “operador de operadores” independiente, y estaría disponible para cualquier proveedor de servicios móviles interesado, a costos regulados y no discriminatorios.
El gobierno espera que eso se traduzca en precios más bajos en el servicio celular para los consumidores y que anime a los proveedores a ingresar al mercado para ofrecer servicios de telefonía, Internet y datos en aparatos móviles.
“La idea es construir una nueva Telcel desde cero”, dijo José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de México. Potencialmente, la red podría ser usada por cientos de proveedores de servicios móviles, pero su operador tendría prohibido brindar servicios directamente a los consumidores para evitar cualquier conflicto de interés.
Se prevé que el proceso de licitación de un espectro inalámbrico de alta calidad, que será usado exclusivamente por la nueva red móvil, comience en diciembre.
El gobierno planea aceptar propuestas para construir la red en febrero y el ganador será anunciado antes de agosto. Se espera que la nueva red sea desplegada para fines del gobierno actual, en 2018.
Algunas de las principales empresas de equipos de telecomunicaciones del mundo están interesadas en el plan. “Es un proyecto de tamaño importante desde una perspectiva de equipos”, sostuvo Dimitri Diliani, jefe para América Latina de Nokia Networks, de Nokia Corp., quien agregó que prevé que entre 8.000 y 15.000 torres de comunicaciones celulares sean instaladas en todo México.
Alcatel-Lucent SA, Huawei Technologies Co. y Motorola Mobility también han demostrado interés en proveer equipos y han participado en pruebas de campo para evaluar el proyecto, según personas al tanto.
La inversión total en infraestructura de telecomunicaciones en México fue de unos US$5.000 millones en 2013.
Alcatel-Lucent y Motorola prefirieron no hacer comentarios, mientras que Huawei no respondió a pedidos de comentarios.
El gobierno también debe elegir un operador para la red, que según analistas podría ser una gran empresa global de telecomunicaciones.
La nueva red abierta beneficiará a operadores que no tienen su propia red, pero quieren brindar servicios móviles, según expertos. Pero también podría ser usada por operadores actuales que poseen sus redes, como la misma Telcel, o la española Telefónica SA, para adquirir una mayor cobertura y ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
“La red compartida cambia las reglas del juego”, dijo Mony de Swaan, ex director de la agencia reguladora de las telecomunicaciones en México. “Actualmente, los operadores tienen que rogarle a Telcel para obtener acceso a su red. Obviamente, Telcel prefiere no ceder capacidad o racionarla a precios más altos y en su mejor interés”. Telcel prefirió no hacer comentarios sobre el proyecto.
La nueva infraestructura también abre opciones para las empresas mexicanas de medios.
Grupo Televisa, el mayor grupo de televisión del país, analiza opciones para ofrecer un servicio móvil para sus nueve millones de suscriptores de TV paga luego de vender su participación de 50% en Iusacell.
México sufre desde hace décadas un mercado de telecomunicaciones altamente concentrado, lo que resulta en precios más altos, redes saturadas y la menor inversión per cápita entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para muchos usuarios, es común que las llamadas se corten o no se conecten.
México tiene la menor tasa de penetración de banda ancha móvil en la OCDE, con unas 14 suscripciones por 100 habitantes a fines de 2013, según datos compilados por la OCDE. Eso es menos que Chile, que tiene 36, mientras el promedio del grupo es de 72.
El regulador de telecomunicaciones de México estimó en un estudio de 2013 que la nueva red compartida podría reducir los precios a los consumidores entre 12% y 16%.
Pero el proyecto también implica grandes riesgos. No hay experiencia real del impacto económico de una red móvil mayorista compartida, ya que ningún país del mundo ha construido una hasta ahora, según la firma de consultoría Frontier Economics.
La regulación del mercado también podría ser problemática, pues el control de las tarifas podría reducir los márgenes de ganancias para el operador.
Otros sostienen que los operadores actuales podrían boicotear la red. “Telcel o Telefónica podría preferir no usar la red compartida, e invertir en impulsar su propia capacidad”, indicó Judith Mariscal, analista de telecomunicaciones de la universidad CIDE, en México.
La española Telefónica, el segundo operador móvil del país, alquila espacio en su red a otros operadores, incluyendo Virgin Mobile. Telcel, por su parte, planea escindir sus torres en una empresa separada a comienzos del próximo año y ofrecer acceso a terceros.
Otra preocupación es que la red podría terminar costándole al gobierno miles de millones de pesos al año en subsidios, dijo Mariscal. Ya que el operador estará obligado a cubrir casi 100% del territorio del país, incluyendo áreas rurales remotas, será la estatal Telecomunicaciones de México la que brindará el servicio en áreas donde no hay interés de firmas privadas.
“El desafío es enorme”, dijo Peralta, el funcionario del gobierno. “Pero si queremos crear todo un ecosistema de competencia en el que muchos comercializadores de telecomunicaciones puedan florecer, la red compartida es esencial”, agregó.
El presidente Enrique Peña Nieto ha promocionado el nuevo aeropuerto de Ciudad de México como el proyecto de infraestructura insignia de su gobierno, pero otro emprendimiento igual de costoso y ambicioso ha pasado prácticamente desapercibido.
El plan de construir una red de banda ancha de US$10.000 millones, con más de 20.000 antenas, podría darles a las empresas interesadas en brindar servicios de comunicaciones móviles una alternativa al operador dominante de México, Telcel, que es propiedad del multimillonario Carlos Slim.
El proyecto es una parte clave de la campaña de Peña Nieto para impulsar la competencia en el mercado inalámbrico de México, donde Telcel, una unidad de América Móvil SAB, posee una participación de 70%. Algunos analistas de la industria se mantienen escépticos ante el plan, que aparentemente es el primero de su tipo y depende de una regulación compleja.
Según el plan de reforma de Peña Nieto, la nueva red sería administrada como un “operador de operadores” independiente, y estaría disponible para cualquier proveedor de servicios móviles interesado, a costos regulados y no discriminatorios.
El gobierno espera que eso se traduzca en precios más bajos en el servicio celular para los consumidores y que anime a los proveedores a ingresar al mercado para ofrecer servicios de telefonía, Internet y datos en aparatos móviles.
“La idea es construir una nueva Telcel desde cero”, dijo José Ignacio Peralta, subsecretario de Comunicaciones de México. Potencialmente, la red podría ser usada por cientos de proveedores de servicios móviles, pero su operador tendría prohibido brindar servicios directamente a los consumidores para evitar cualquier conflicto de interés.
Se prevé que el proceso de licitación de un espectro inalámbrico de alta calidad, que será usado exclusivamente por la nueva red móvil, comience en diciembre.
El gobierno planea aceptar propuestas para construir la red en febrero y el ganador será anunciado antes de agosto. Se espera que la nueva red sea desplegada para fines del gobierno actual, en 2018.
Algunas de las principales empresas de equipos de telecomunicaciones del mundo están interesadas en el plan. “Es un proyecto de tamaño importante desde una perspectiva de equipos”, sostuvo Dimitri Diliani, jefe para América Latina de Nokia Networks, de Nokia Corp., quien agregó que prevé que entre 8.000 y 15.000 torres de comunicaciones celulares sean instaladas en todo México.
Alcatel-Lucent SA, Huawei Technologies Co. y Motorola Mobility también han demostrado interés en proveer equipos y han participado en pruebas de campo para evaluar el proyecto, según personas al tanto.
La inversión total en infraestructura de telecomunicaciones en México fue de unos US$5.000 millones en 2013.
Alcatel-Lucent y Motorola prefirieron no hacer comentarios, mientras que Huawei no respondió a pedidos de comentarios.
El gobierno también debe elegir un operador para la red, que según analistas podría ser una gran empresa global de telecomunicaciones.
La nueva red abierta beneficiará a operadores que no tienen su propia red, pero quieren brindar servicios móviles, según expertos. Pero también podría ser usada por operadores actuales que poseen sus redes, como la misma Telcel, o la española Telefónica SA, para adquirir una mayor cobertura y ofrecer un mejor servicio a sus clientes.
“La red compartida cambia las reglas del juego”, dijo Mony de Swaan, ex director de la agencia reguladora de las telecomunicaciones en México. “Actualmente, los operadores tienen que rogarle a Telcel para obtener acceso a su red. Obviamente, Telcel prefiere no ceder capacidad o racionarla a precios más altos y en su mejor interés”. Telcel prefirió no hacer comentarios sobre el proyecto.
La nueva infraestructura también abre opciones para las empresas mexicanas de medios.
Grupo Televisa, el mayor grupo de televisión del país, analiza opciones para ofrecer un servicio móvil para sus nueve millones de suscriptores de TV paga luego de vender su participación de 50% en Iusacell.
México sufre desde hace décadas un mercado de telecomunicaciones altamente concentrado, lo que resulta en precios más altos, redes saturadas y la menor inversión per cápita entre los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Para muchos usuarios, es común que las llamadas se corten o no se conecten.
México tiene la menor tasa de penetración de banda ancha móvil en la OCDE, con unas 14 suscripciones por 100 habitantes a fines de 2013, según datos compilados por la OCDE. Eso es menos que Chile, que tiene 36, mientras el promedio del grupo es de 72.
El regulador de telecomunicaciones de México estimó en un estudio de 2013 que la nueva red compartida podría reducir los precios a los consumidores entre 12% y 16%.
Pero el proyecto también implica grandes riesgos. No hay experiencia real del impacto económico de una red móvil mayorista compartida, ya que ningún país del mundo ha construido una hasta ahora, según la firma de consultoría Frontier Economics.
La regulación del mercado también podría ser problemática, pues el control de las tarifas podría reducir los márgenes de ganancias para el operador.
Otros sostienen que los operadores actuales podrían boicotear la red. “Telcel o Telefónica podría preferir no usar la red compartida, e invertir en impulsar su propia capacidad”, indicó Judith Mariscal, analista de telecomunicaciones de la universidad CIDE, en México.
La española Telefónica, el segundo operador móvil del país, alquila espacio en su red a otros operadores, incluyendo Virgin Mobile. Telcel, por su parte, planea escindir sus torres en una empresa separada a comienzos del próximo año y ofrecer acceso a terceros.
Otra preocupación es que la red podría terminar costándole al gobierno miles de millones de pesos al año en subsidios, dijo Mariscal. Ya que el operador estará obligado a cubrir casi 100% del territorio del país, incluyendo áreas rurales remotas, será la estatal Telecomunicaciones de México la que brindará el servicio en áreas donde no hay interés de firmas privadas.
“El desafío es enorme”, dijo Peralta, el funcionario del gobierno. “Pero si queremos crear todo un ecosistema de competencia en el que muchos comercializadores de telecomunicaciones puedan florecer, la red compartida es esencial”, agregó.
