Madrid, España.
Xacobo Rodríguez, desempleado y con un bebé, dice que vive en un estado de temor constante. “Siempre tienes miedo que alguien va a llamar a la puerta y sacarte de tu casa”, afirma.
Rodríguez, de 38 años, es uno de los muchos españoles que no pueden pagar las costosas hipotecas que sacaron antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en 2008. Peor aún, su madre fue la garante del préstamo, dando como aval su propia casa, y también está en riesgo. “Los dos nos estamos hundiendo”, dice.
Seis años después de que el colapso del mercado de bienes raíces arruinó la economía española, no se vislumbra un fin a la crisis de la vivienda que ha ocasionado decenas de miles de ejecuciones hipotecarias y ha dejado a muchos propietarios bajo la amenaza de perder sus inmuebles.
La semana pasada, el Banco de España informó que los bancos habían embargado 38.961 residencias principales en 2013, un descenso de menos de 1% frente a 2012. No obstante, incluyendo segundas residencias, el número total de viviendas embargadas tuvo un aumentó interanual de 11%.
Una vocera de la Asociación Española de Banca explica que los cambios en la forma en que el banco central recaba las estadísticas hipotecarias pueden haber hecho que la situación de 2013 se viera peor de lo que realmente fue.
De todas formas, las cifras han reanudado el debate sobre la eficacia de las medidas adoptadas por el gobierno para ayudar a los deudores hipotecarios.
En 2012, en medio de manifestaciones y suicidios de propietarios endeudados, el gobierno decretó una moratoria de dos años en los desalojos de familias que cumplen con los criterios de adversidad, como tener un miembro minusválido, prestaciones de desempleo vencidas o hijos muy pequeños.
Una ley aprobada en 2013 dio forma a algunas de las medidas del decreto, incluyendo la creación del Fondo Social de Viviendas, que tiene 6.000 unidades para deudores que necesitan un lugar para vivir.
Esas políticas han sido inadecuadas dada la dimensión del problema, dice Irene Montero, líder de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), un grupo de defensa que organiza protestas para tratar de impedir desalojos o, como se conocen en España, “desahucios”. “La gente no está recibiendo ayuda y la necesita”, explica.
Una vocera del Ministerio de Economía dice que las medidas del gobierno para frenar los desalojos no han estado vigentes el tiempo suficiente como para que se sientan todos sus efectos.
La portavoz señala que los desalojos disminuyeron en 2013 y que más de 90% de las casas recuperadas por los bancos no estaban ocupadas en el momento del embargo.
La vocera de la Asociación Española de Banca dice que las entidades financieras han hecho todo lo que han podido para aliviar la carga sobre los deudores, especialmente considerando la escala de la catástrofe económica nacional, que dejó casi seis millones de personas desempleadas.
Añade que el número de residencias embargadas el año pasado representa menos de 1% de las casi 6 millones de viviendas con una hipoteca pendiente.
Además, cerca de un tercio de aquellos que perdieron sus casas principales lo hicieron como parte de un acuerdo para eliminar sus deudas. “Simplemente no es justo no reconocer los esfuerzos que los bancos están haciendo para resolver la crisis”, dice.
En ciertos aspectos, el gobierno está caminando sobre una línea muy delgada entre tratar de dar una mano a deudores hipotecarios y sanear el sector bancario, afirma Robert Tornabell, economista de la escuela de negocios ESADE, en Barcelona.
Deudores como Sara Hichau, de 33 años, quien trabaja de mesera o limpiando casas, aún están preocupados. Compró un inmueble con su novio, pero ahora están separados y ella se quedó con una deuda hipotecaria de 100.000 euros.
“Él salió de la relación y se le olvidó que compró una casa conmigo”, cuenta entre lágrimas. “No puedo hacer nada para pagarla. No puedo planear para el futuro”.
En un informe que publicó el miércoles sobre la crisis inmobiliaria en España, Human Rights Watch indicó que apenas 2% del inventario de casas en el país está dedicado a la vivienda social, comparado con 35% en Holanda, 21% en el Reino Unido y 17% en Francia.
La organización de defensa de derechos humanos dijo que el gobierno debería ampliar el criterio para la moratoria en desalojos para incluir a todas las familias con niños menores de 18 años y extenderla más allá de dos años para aquellos que ya se están beneficiando.
También pidió revisar las leyes de bancarrota para permitir que los deudores puedan descargar de forma más fácil deuda personal y presionar a los bancos a que negocien con los deudores.
Raquel de Cadiz Escudero, madre de cinco, fue desalojada el miércoles de una propiedad que alquilaba. Dijo que el dueño dejó de pagar la hipoteca y desapareció. “Estamos destruidos completamente”, había dicho el martes durante una protesta frente a su banco.
Xacobo Rodríguez, desempleado y con un bebé, dice que vive en un estado de temor constante. “Siempre tienes miedo que alguien va a llamar a la puerta y sacarte de tu casa”, afirma.
Rodríguez, de 38 años, es uno de los muchos españoles que no pueden pagar las costosas hipotecas que sacaron antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en 2008. Peor aún, su madre fue la garante del préstamo, dando como aval su propia casa, y también está en riesgo. “Los dos nos estamos hundiendo”, dice.
Seis años después de que el colapso del mercado de bienes raíces arruinó la economía española, no se vislumbra un fin a la crisis de la vivienda que ha ocasionado decenas de miles de ejecuciones hipotecarias y ha dejado a muchos propietarios bajo la amenaza de perder sus inmuebles.
La semana pasada, el Banco de España informó que los bancos habían embargado 38.961 residencias principales en 2013, un descenso de menos de 1% frente a 2012. No obstante, incluyendo segundas residencias, el número total de viviendas embargadas tuvo un aumentó interanual de 11%.
Una vocera de la Asociación Española de Banca explica que los cambios en la forma en que el banco central recaba las estadísticas hipotecarias pueden haber hecho que la situación de 2013 se viera peor de lo que realmente fue.
De todas formas, las cifras han reanudado el debate sobre la eficacia de las medidas adoptadas por el gobierno para ayudar a los deudores hipotecarios.
En 2012, en medio de manifestaciones y suicidios de propietarios endeudados, el gobierno decretó una moratoria de dos años en los desalojos de familias que cumplen con los criterios de adversidad, como tener un miembro minusválido, prestaciones de desempleo vencidas o hijos muy pequeños.
Una ley aprobada en 2013 dio forma a algunas de las medidas del decreto, incluyendo la creación del Fondo Social de Viviendas, que tiene 6.000 unidades para deudores que necesitan un lugar para vivir.
Esas políticas han sido inadecuadas dada la dimensión del problema, dice Irene Montero, líder de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), un grupo de defensa que organiza protestas para tratar de impedir desalojos o, como se conocen en España, “desahucios”. “La gente no está recibiendo ayuda y la necesita”, explica.
Una vocera del Ministerio de Economía dice que las medidas del gobierno para frenar los desalojos no han estado vigentes el tiempo suficiente como para que se sientan todos sus efectos.
La portavoz señala que los desalojos disminuyeron en 2013 y que más de 90% de las casas recuperadas por los bancos no estaban ocupadas en el momento del embargo.
La vocera de la Asociación Española de Banca dice que las entidades financieras han hecho todo lo que han podido para aliviar la carga sobre los deudores, especialmente considerando la escala de la catástrofe económica nacional, que dejó casi seis millones de personas desempleadas.
Añade que el número de residencias embargadas el año pasado representa menos de 1% de las casi 6 millones de viviendas con una hipoteca pendiente.
Además, cerca de un tercio de aquellos que perdieron sus casas principales lo hicieron como parte de un acuerdo para eliminar sus deudas. “Simplemente no es justo no reconocer los esfuerzos que los bancos están haciendo para resolver la crisis”, dice.
En ciertos aspectos, el gobierno está caminando sobre una línea muy delgada entre tratar de dar una mano a deudores hipotecarios y sanear el sector bancario, afirma Robert Tornabell, economista de la escuela de negocios ESADE, en Barcelona.
Deudores como Sara Hichau, de 33 años, quien trabaja de mesera o limpiando casas, aún están preocupados. Compró un inmueble con su novio, pero ahora están separados y ella se quedó con una deuda hipotecaria de 100.000 euros.
“Él salió de la relación y se le olvidó que compró una casa conmigo”, cuenta entre lágrimas. “No puedo hacer nada para pagarla. No puedo planear para el futuro”.
En un informe que publicó el miércoles sobre la crisis inmobiliaria en España, Human Rights Watch indicó que apenas 2% del inventario de casas en el país está dedicado a la vivienda social, comparado con 35% en Holanda, 21% en el Reino Unido y 17% en Francia.
La organización de defensa de derechos humanos dijo que el gobierno debería ampliar el criterio para la moratoria en desalojos para incluir a todas las familias con niños menores de 18 años y extenderla más allá de dos años para aquellos que ya se están beneficiando.
También pidió revisar las leyes de bancarrota para permitir que los deudores puedan descargar de forma más fácil deuda personal y presionar a los bancos a que negocien con los deudores.
Raquel de Cadiz Escudero, madre de cinco, fue desalojada el miércoles de una propiedad que alquilaba. Dijo que el dueño dejó de pagar la hipoteca y desapareció. “Estamos destruidos completamente”, había dicho el martes durante una protesta frente a su banco.
