Cedeño, Colombia.
La explosión era rutina: la guerrilla detonó remotamente dinamita en un punto del oleoducto Caño Limón-Coveñas, quemando parte de la selva en el ataque.
Una vez más, una fuente vital para la economía de Colombia, un oleoducto de 770 kilómetros de longitud que puede transportar unos 220.000 barriles de crudo al puerto de Coveñas en el Caribe colombiano, tuvo que ser cerrada mientras era reparada.
“La guerrilla nos avisó antes, así que mandé a la casa a los niños”, señaló Mélida Wilches, una profesora en una escuela adyacente al kilómetro 126 del oleoducto, donde ocurrió la explosión.
Durante los últimos dos años, los ataques de los subversivos contra los oleoductos en Colombia han socavado el progreso y la confianza de una de las economías más dinámicas de América Latina y ha planteado dudas sobre el panorama del país andino como una fuente confiable de crudo para Estados Unidos.
Luego de un auge en una industria que el presidente Juan Manuel Santos ha llamado una locomotora económica, cuando la producción se duplicó a un millón de barriles al día, el sector se contrajo 2,2% en el segundo trimestre, pese a que el PIB de Colombia se expandió 4,3%.
La inversión petrolera, que a junio de este año se ubicó en US$2.800 millones, fue la más baja en un primer semestre desde 2011. Una licitación en julio atrajo ofertas por US$1.400 millones, apenas más de la mitad de lo que el gobierno esperaba.
Cabe aclarar que parte de los problemas de Colombia tienen que ver con precios internacionales del petróleo más bajos, y el auge de la exploración de hidrocarburos en formaciones de esquisto en EE.UU., lo cual ha deprimido la inversión en el sector energético de toda América Latina, y retrasos burocráticos en Colombia para aprobar derechos de perforación, dicen ejecutivos petroleros y funcionarios del gobierno. De todas formas, el aumento de los atentados de la guerrilla ha sido un factor determinante en la reducción de la producción y en la renuencia de las compañías energéticas a invertir en el país, dicen las mismas fuentes.
“Hay un pesimismo que no estaba ahí antes entre las empresas en Colombia, una percepción de aumento del riesgo”, dijo Lisa Viscidi, analista del sector de energía de Inter-American Dialogue, un grupo de análisis de políticas con sede en Washington.
La situación se ha vuelto tan sensible para el gobierno que el presidente Juan Manuel Santos dijo públicamente a fines de julio que los continuos ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podrían poner en riesgo las conversaciones de paz, que buscan poner fin a medio siglo de conflicto armado con ese grupo rebelde.
“Están jugando con fuego y este proceso puede terminar”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa.
Jaime Bocanegra, quien supervisa la red de oleoductos de la petrolera estatal Ecopetrol, dijo que los ataques eran un duro golpe para la economía del país, que depende del petróleo para la mitad de los ingresos por exportaciones. Los atentados han hecho que Ecopetrol produzca 30.000 barriles menos al día hasta agosto, el equivalente a US$3 millones al día. “Todo esto significa un menor giro de regalías a la nación”, dijo.
Se creía que ese tipo de ataques eran cosa del pasado luego de que el ejército colombiano lograra debilitar a la guerrilla durante años de presión militar.
Acá, en la región de los llanos orientales, donde empieza el oleoducto Caño Limón, tropas antiguerrilla entrenadas por las Fuerzas Especiales de EE.UU. de Fort Bragg, Carolina del Norte, fueron capaces de reducir el número de atentados desde 170 en 2001 hasta apenas 37 al año entre 2007 y 2010.
El mejoramiento de la situación, sin embargo, resultó temporal, ya que los ataques aumentaron durante los tres años siguientes. Ni las FARC ni el otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, pudieron ser contactados para que comentaran sobre la motivación de sus ataques.
Pero el comandante Germán Eudoro Velasco, quien dirige la unidad que protege uno de los tramos más peligrosos del oleoducto, dijo que los dirigentes de las FARC quieren fortalecer su poder de negociación en la mesa de diálogo.
Jorge Enrique Bedoya, viceministro de Defensa, dijo que 90% del país estaba libre de la guerrilla. De todos modos, cientos de kilómetros de oleoductos son blancos fáciles.
“Podríamos estar así, hombro con hombro (con los guerrilleros), y aun así sería casi imposible evitar muchos atentados”, dijo hace poco un solado mientras patrullaba el oleoducto con un rifle automático a su lado.
En 2013, los ataques a oleoductos sumaron 259. Este año, la frecuencia ha disminuido pero aún promediaron uno cada tres días hasta agosto, según el Ministerio de Defensa.
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, un grupo de la industria que representa a Exxon Mobil Corp. y otras empresas extranjeras, sostuvo que los atentados guerrilleros este año le han costado al sector US$522 millones en producción perdida comparado con US$350 millones en todo 2013.
Un nuevo oleoducto, el Bicentenario, que costó US$1.600 millones y se completó el año pasado con el fin de transportar 110.000 barriles al día a través de lo que funcionarios dijeron sería cemento prácticamente impenetrable, no se ha salvado. Se mantuvo cerrado por 174 días durante los primeros ocho meses de este año, principalmente debido a la violencia de los subversivos, dijo Ecopetrol.
Los ataques les han dado argumentos a los críticos del gobierno que dicen que el presidente Santos ha ablandado la estrategia de seguridad para avanzar con las conversaciones de paz.
“Mientras el proceso de paz se dilata, las fuerzas armadas ya no están atacando a la guerrilla como antes”, dijo Alfredo Rangel, un senador de la oposición.
El gobierno niega que haya suavizado la seguridad. Ecopetrol indica que miles de soldados han sido desplegados y que se han frustrado al menos 100 ataques rebeldes este año.
“No nos hemos quedado con los brazos cruzados”, dijo hace poco a la prensa el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
La explosión era rutina: la guerrilla detonó remotamente dinamita en un punto del oleoducto Caño Limón-Coveñas, quemando parte de la selva en el ataque.
Una vez más, una fuente vital para la economía de Colombia, un oleoducto de 770 kilómetros de longitud que puede transportar unos 220.000 barriles de crudo al puerto de Coveñas en el Caribe colombiano, tuvo que ser cerrada mientras era reparada.
“La guerrilla nos avisó antes, así que mandé a la casa a los niños”, señaló Mélida Wilches, una profesora en una escuela adyacente al kilómetro 126 del oleoducto, donde ocurrió la explosión.
Durante los últimos dos años, los ataques de los subversivos contra los oleoductos en Colombia han socavado el progreso y la confianza de una de las economías más dinámicas de América Latina y ha planteado dudas sobre el panorama del país andino como una fuente confiable de crudo para Estados Unidos.
Luego de un auge en una industria que el presidente Juan Manuel Santos ha llamado una locomotora económica, cuando la producción se duplicó a un millón de barriles al día, el sector se contrajo 2,2% en el segundo trimestre, pese a que el PIB de Colombia se expandió 4,3%.
La inversión petrolera, que a junio de este año se ubicó en US$2.800 millones, fue la más baja en un primer semestre desde 2011. Una licitación en julio atrajo ofertas por US$1.400 millones, apenas más de la mitad de lo que el gobierno esperaba.
Cabe aclarar que parte de los problemas de Colombia tienen que ver con precios internacionales del petróleo más bajos, y el auge de la exploración de hidrocarburos en formaciones de esquisto en EE.UU., lo cual ha deprimido la inversión en el sector energético de toda América Latina, y retrasos burocráticos en Colombia para aprobar derechos de perforación, dicen ejecutivos petroleros y funcionarios del gobierno. De todas formas, el aumento de los atentados de la guerrilla ha sido un factor determinante en la reducción de la producción y en la renuencia de las compañías energéticas a invertir en el país, dicen las mismas fuentes.
“Hay un pesimismo que no estaba ahí antes entre las empresas en Colombia, una percepción de aumento del riesgo”, dijo Lisa Viscidi, analista del sector de energía de Inter-American Dialogue, un grupo de análisis de políticas con sede en Washington.
La situación se ha vuelto tan sensible para el gobierno que el presidente Juan Manuel Santos dijo públicamente a fines de julio que los continuos ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) podrían poner en riesgo las conversaciones de paz, que buscan poner fin a medio siglo de conflicto armado con ese grupo rebelde.
“Están jugando con fuego y este proceso puede terminar”, dijo el mandatario durante una rueda de prensa.
Jaime Bocanegra, quien supervisa la red de oleoductos de la petrolera estatal Ecopetrol, dijo que los ataques eran un duro golpe para la economía del país, que depende del petróleo para la mitad de los ingresos por exportaciones. Los atentados han hecho que Ecopetrol produzca 30.000 barriles menos al día hasta agosto, el equivalente a US$3 millones al día. “Todo esto significa un menor giro de regalías a la nación”, dijo.
Se creía que ese tipo de ataques eran cosa del pasado luego de que el ejército colombiano lograra debilitar a la guerrilla durante años de presión militar.
Acá, en la región de los llanos orientales, donde empieza el oleoducto Caño Limón, tropas antiguerrilla entrenadas por las Fuerzas Especiales de EE.UU. de Fort Bragg, Carolina del Norte, fueron capaces de reducir el número de atentados desde 170 en 2001 hasta apenas 37 al año entre 2007 y 2010.
El mejoramiento de la situación, sin embargo, resultó temporal, ya que los ataques aumentaron durante los tres años siguientes. Ni las FARC ni el otro grupo guerrillero, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, pudieron ser contactados para que comentaran sobre la motivación de sus ataques.
Pero el comandante Germán Eudoro Velasco, quien dirige la unidad que protege uno de los tramos más peligrosos del oleoducto, dijo que los dirigentes de las FARC quieren fortalecer su poder de negociación en la mesa de diálogo.
Jorge Enrique Bedoya, viceministro de Defensa, dijo que 90% del país estaba libre de la guerrilla. De todos modos, cientos de kilómetros de oleoductos son blancos fáciles.
“Podríamos estar así, hombro con hombro (con los guerrilleros), y aun así sería casi imposible evitar muchos atentados”, dijo hace poco un solado mientras patrullaba el oleoducto con un rifle automático a su lado.
En 2013, los ataques a oleoductos sumaron 259. Este año, la frecuencia ha disminuido pero aún promediaron uno cada tres días hasta agosto, según el Ministerio de Defensa.
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, un grupo de la industria que representa a Exxon Mobil Corp. y otras empresas extranjeras, sostuvo que los atentados guerrilleros este año le han costado al sector US$522 millones en producción perdida comparado con US$350 millones en todo 2013.
Un nuevo oleoducto, el Bicentenario, que costó US$1.600 millones y se completó el año pasado con el fin de transportar 110.000 barriles al día a través de lo que funcionarios dijeron sería cemento prácticamente impenetrable, no se ha salvado. Se mantuvo cerrado por 174 días durante los primeros ocho meses de este año, principalmente debido a la violencia de los subversivos, dijo Ecopetrol.
Los ataques les han dado argumentos a los críticos del gobierno que dicen que el presidente Santos ha ablandado la estrategia de seguridad para avanzar con las conversaciones de paz.
“Mientras el proceso de paz se dilata, las fuerzas armadas ya no están atacando a la guerrilla como antes”, dijo Alfredo Rangel, un senador de la oposición.
El gobierno niega que haya suavizado la seguridad. Ecopetrol indica que miles de soldados han sido desplegados y que se han frustrado al menos 100 ataques rebeldes este año.
“No nos hemos quedado con los brazos cruzados”, dijo hace poco a la prensa el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
