El conflicto generado por el comercio de lácteos entre Honduras y El Salvador sigue igual que antes del acuerdo firmado la semana pasada.
Unicamente la empresa Lacthosa aplicó el protocolo firmado con El Salvador, en el cual se estipula que las muestras serán tomadas en la aduana salvadoreña de San Bartolo.
Mientras tanto, la mayoría de procesadores y exportadores decidieron ayer quedarse en la aduana de El Amatillo. A pesar de las múltiples gestiones del gobierno hondureño, principalmente del titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, SAG, Jacobo Regalado, la problemática de los lácteos parece que continuará. El director del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, Senasa, Heriberto Amador, explicó que “nuestra propuesta fue aceptada por El Salvador, ahora los procesadores no quieren aplicarla, pero eso ya no me compete a mí, no sé por qué ellos quieren quedarse en El Amatillo”. Agregó que “ellos conocen la situación de El Amatillo, saben que los monitoreos seguirán igual que antes y si prefieren quedarse es decisión de ellos -procesadores y exportadores-”.
Para aplicar en su totalidad el acuerdo que daba fin al conflicto lácteo entre ambas naciones, El Salvador solicitó una prórroga de ocho días para modificar el sistema de monitoreo y comenzar las aplicaciones acordadas.
Por su parte, el titular de la SAG comentó que “se logró que se aplique el reglamento técnico centroamericano y eso define cuáles son los análisis que van a tomar en la aduana, la periodicidad de las pruebas, y eso es un gran logro para el país”.
Además se logró que los monitoreos se realicen diariamente, con lo cual se espera mayor agilidad en el tráfico.
La versión de los productores lácteos no pudo ser lograda, en relación al tema de las tomas de muestras, desde horas de la mañana de ayer se intentó consultar al presidente de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, Fenagh, Leopoldo Durán, pero no se logró. Una de las versiones que se maneja sobre el motivo por el cual se mantendrán en El Amatillo es la distancia que deben recorrer los camiones cargados con el producto (200 kilómetros), bajo la expectativa de que pueden ser rechazados.
