ISLAS DE LA BAHÍA. La Zona de Empleo y Desarrollo Económico (Zede) Honduras Próspera, reiteró hoy, a través de una carta pública, su anuencia al diálogo para buscar una salida favorable entre esta empresa y el Estado de Honduras, luego de que el Congreso Nacional no ratificara la derogación de la ley que les dio vida.
El Congreso Nacional derogó en la legislatura anterior (2022) el decreto 120-2013, conocido como la Ley Zede, y la derogatoria de los artículos Constitucionales 294, 303 y 329, mediante la cual ésta y dos zede más se instalaron en el país.
La norma parlamentaria establece que la derogatoria debía ser ratificada en la siguiente legislatura, es decir en 2023, pero el pasado 31 de octubre el Congreso Nacional dio por clausurado el periodo de sesiones y la derogatoria no tuvo lugar. De acuerdo al presidente de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, al no tarificarse la derogatoria, la ley sigue vigente y las zede siguen siendo legales en Honduras.
“Honduras Próspera y sus afiliadas por este medio reiteran su disposición a explorar la posibilidad de una solución consensuada, y están dispuestas a discutir si puede haber una manera de avanzar que pueda ser aceptable para las distintas partes interesadas. Invitan al Gobierno de Honduras a confirmar a la brevedad si está interesado en entablar un diálogo productivo”, señala la carta de Próspera.
Esta zede y sus empresas afiliadas entablaron una demanda por $10,700 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), luego que el gobierno actual procediera a derogar la ley y amenazara con expropiar las inversiones ya establecidas e Islas de la Bahía y La Ceiba.
“Mientras las discusiones políticas continúan, la decisión de no haber votado por la propuesta de derogación de las Disposiciones Constitucionales de las Zede crea una ventana de oportunidad para una resolución ganar-ganar”, señala la carta.
“Una resolución consensuada del caso presentado por Honduras Próspera, Inc. (E.E.U.U.-Delaware), promotora y organizadora de Próspera ZEDE, y sus filiales St. John’s Bay Development Company LLC (US-Delaware) y Próspera Arbitration Center LLC (US-Texas) (“Honduras Próspera”), podría eliminar una responsabilidad internacional de hasta $10,700 millones de dólares por los actos de expropiación que está cometiendo el Gobierno de Honduras. También abriría la puerta a la atracción de miles de millones de dólares en inversión extranjera directa a Honduras para generar cientos de miles de empleos bien remunerados y oportunidades para los hondureños. Esto empoderaría a la República de Honduras para ganar una mayor cuota de mercado de las rápidamente crecientes oportunidades de nearshoring2, añade.
El derecho nacional e internacional reconocen los derechos adquiridos de Honduras Próspera. El impacto de los perjudiciales esfuerzos de Honduras por derogar el marco legal de las zede sin reconfirmar los existentes derechos de estabilidad jurídica son objeto de un arbitraje internacional iniciado por Honduras Próspera. El arbitraje está actualmente en curso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Próspera deja entrever que está dispuesta suspender la demanda internacional, al agregar que “Tras la confirmación de Honduras y en ausencia de nuevas medidas contra las inversiones o personas afiliadas al proyecto Próspera (ya sea por parte de la administración u otros segmentos del Gobierno hondureño), Honduras Próspera está dispuesta a dar instrucciones a su equipo jurídico para que trabaje con los representantes de Honduras para establecer un marco que facilite las conversaciones, de acuerdo con las condiciones adecuadas de formalidad y transparencia. Honduras Próspera y sus afiliados están listos, dispuestos y capacitados para participar de buena fe y esperamos que Honduras haga lo mismo”
