Tegucigalpa, Honduras.
A pesar del millonario presupuesto estatal (más de 206,000 millones de lempiras), el Gobierno financiará la inversión pública a través de fideicomisos.
La modalidad es una tendencia regional, pero el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) llama la atención sobre el funcionamiento de al menos 53 fideicomisos estatales por casi 8,000 millones de lempiras para diversos proyectos y programas.
Icefi cuestionó la discrecionalidad en las operaciones de este tipo de fondos por no estar obligados a regularizar de forma continua la liquidación de gastos y dijo que es una práctica que debe descontinuarse, “pues se presta a manejos nada transparentes de los recursos” públicos.
“Eso lo estamos señalando como un problema de transparencia. Los fideicomisos no siguen las mismas reglas de aplicación sobre el Presupuesto General de la República, sino que una vez que se sustrae el dinero del presupuesto y va a un fideicomiso ya el manejo tiene otra dinámica, y muchas veces esa dinámica no es nada transparente”, señaló Hugo Noé Pino, economista principal del Icefi en Honduras.
Planteó que si bien el manejo de esos fondos se puede justificar a posteriori, “el problema es que un presupuesto está basado en un ordenamiento de programas, proyectos y actividades que son los que se aprueban en el Congreso, mientras que los fideicomisos se convierten en cajas chicas de los que los manejan y después vienen a justificar cómo los gastan, pero sin haber alguna planificación previa”.
Activos financieros
Los fideicomisos forman parte del reglón presupuestario de activos financieros, que en 2016 manejará un total de 7,563 millones de lempiras (1.7% del PIB).
De este total, la mayor parte se encuentra conformada por los fideicomisos de la tasa de seguridad, con 2,182 millones de lempiras, y el del programa presidencial Vida Mejor con 4,500 millones de lempiras.Los dos representan el 88% del total.
Noé Pino junto con Enrique Maldonado, economista sénior, y Wilfredo Díaz, economista investigador del Icefi, presentaron en Tegucigalpa el documento “Honduras: la política fiscal no mejora el presente ni construye el futuro. Análisis del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2016”.
En el documento se hace especial énfasis en el manejo transparente de los presupuestos del Estado para que estos sean una herramienta de desarrollo de sus pueblos.
Reconocieron que el Gobierno impulsa algunas estrategias de fomento y control a la transparencia, como la adhesión a convenios y contratos con organismos internacionales; pero cuestionaron que a la par se impulsan leyes y decretos de secretismo que permiten a varias instituciones estatales no brindar información si la misma es considerada de seguridad nacional.
La utilización de fideicomisos con fondos o activos públicos es una práctica que debe descontinuarse, pues se presta a manejos nada transparentes de los recursos, expresó el organismo regional en un documento de análisis de las líneas del Proyecto de Presupuesto General de la República de Honduras para el año 2016.
Mejor manejo
La presidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo, compartió los apuntes del Icefi sobre la necesidad de un manejo transparente de los fondos estatales que se manejan a través de fideicomisos.
“Tiene que haber un mejor manejo y mayor transparencia”, manifestó la economista, quien puso como ejemplo el manejo de los millones que van a la tasa de seguridad.
“Lo que necesitamos es que nos digan a toda la población ‘recibimos esta cantidad de dinero y lo gastamos en esto’”.
El Icefi destacó que en el proyecto de presupuesto para el próximo año hay una fuerte desproporción entre el gasto en Defensa y Seguridad y los recursos asignados a la política social.
Dijo que mientras los presupuestos de las Secretarías de Defensa y Seguridad aumentarán el próximo año en 25% y 58%, respectivamente; en contraste, las Secretarías de Salud y Educación solo aumentan 11% y 9%, respectivamente.
A estas asignaciones se suma un bajo nivel de inversión pública en infraestructura, con un 1.2% del PIB.
