Mediante decreto número 252-2011, el Congreso aprobó el 14 de diciembre pasado una nueva “tasa de seguridad”, que será pagada de manera directa a la empresa Securiport, a la que se le adjudicó la concesión sin participar en un proceso de licitación, un contrato por diez años.
Este impuesto se aplica, en el caso de los cuatro aeropuertos internacionales del país, de manera adicional a los 37.80 dólares que pagan los pasajeros extranjeros y de 34.80 dólares cancelados por los nacionales cuando salen del país por la vía aérea.
Fuentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, expresaron que esta tasa no está contemplada en la Ley de Seguridad Poblacional aprobada a mediados de 2011 por el Congreso Nacional.
El expresidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Canaturh, Epaminondas Marinakys expresó que ese contrato establece el cobro de 17 dólares cuando los hondureños y los extranjeros salgan o entren al territorio nacional por la vía marítima, terrestre y aérea.
El anexo B del contrato denominado “Localidades a implementar” se detallan los nombres de las cuatro terminales aéreas en operación y también la denominada “delegación de Palmerola-Comayagua”.
Se toman en cuenta 10 localidades fronterizas diseminadas con El Salvador, Nicaragua y Guatemala, así como siete localidades portuarias.
Según Marinakys, un turista que ingrese al país pagará 17 dólares cuando entre por vías terrestre, aérea y marítima. Cancelará similar monto cuando salga del país, o sea, que el impacto económico será de 34 dólares por persona.
El decreto será cobrado de manera directa en los pasajes aéreos. “Me imagino que en los puestos fronterizos se bajará a los pasajeros de bus para que cancelen los 17 dólares.
El contenido del convenio trascendió hasta ayer en el marco de una reunión del Cohep, ante el asombro de representantes del sector turismo, líneas aéreas y de las cámaras de comercio, entre otros empresarios.
Marinakys indicó que a Roatán arriba al año un millón de cruceristas. Se estima que por la vía aérea nos visitan unos 600,000 extranjeros y la terrestre unos 400,000, todos los cuales tendrían que pagar la nueva tasa.
