Tegucigalpa, Honduras.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó las disposiciones que, a su criterio, deben ser revisadas en el anteproyecto de ley del Código Tributario.
De acuerdo con esta institución, se amplía “innecesariamente” el ámbito de aplicación del Código Tributario a los tributos municipales y a las contribuciones parafiscales como aportaciones al Seguro Social, RAP e Infop.
“Esto no debería ser así, lo correcto es que se aplique solamente a los tributos estatales, porque para los otros se rigen por leyes especiales”, señala un comunicado del Cohep.
Otra de las observaciones hechas por el sector empresarial es que el anteproyecto limita el derecho de aportar las pruebas necesarias para defender a los contribuyentes.
“En una clara violación al principio de legalidad. Se brinda una amplia discrecionalidad a los funcionarios de la Administración Tributaria y de la Secretaría de Finanzas, en cuanto a la determinación de tributos y aprobación de exoneraciones”, añade el informe del Cohep.
Además, una de las grandes críticas es que se dan facultades tributarias al presidente de la república, siendo esta una atribución indelegable del Congreso Nacional.
“Esto quiere decir que, de aprobarse en los términos propuestos, se reducirán sustancialmente las inversiones y las probabilidades de éxito del Plan 20/20, no se generarán nuevos puestos de trabajo y se reducirán los existentes, afectando la competitividad del país, la economía de muchas familias a nivel nacional y el bolsillo de los consumidores en general”, concluye el documento del Cohep.
Reacciones
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) había mencionado en una discusión sobre el anteproyecto de ley del Código Tributario que se viola la presunción de inocencia y el derecho de defensa de los contribuyentes.
“No es adecuado que la administración tributaria posea facultadas amplias para confiscar bienes sin necesidad de intervención judicial, debería haber algún procedimiento para garantizar los derechos del tributante”, sostiene el análisis elaborado por los economistas séniores del Icefi Hugo Noé Pino y Wilfredo Díaz y presentado el mes pasado.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) presentó las disposiciones que, a su criterio, deben ser revisadas en el anteproyecto de ley del Código Tributario.
De acuerdo con esta institución, se amplía “innecesariamente” el ámbito de aplicación del Código Tributario a los tributos municipales y a las contribuciones parafiscales como aportaciones al Seguro Social, RAP e Infop.
“Esto no debería ser así, lo correcto es que se aplique solamente a los tributos estatales, porque para los otros se rigen por leyes especiales”, señala un comunicado del Cohep.
Otra de las observaciones hechas por el sector empresarial es que el anteproyecto limita el derecho de aportar las pruebas necesarias para defender a los contribuyentes.
“En una clara violación al principio de legalidad. Se brinda una amplia discrecionalidad a los funcionarios de la Administración Tributaria y de la Secretaría de Finanzas, en cuanto a la determinación de tributos y aprobación de exoneraciones”, añade el informe del Cohep.
Además, una de las grandes críticas es que se dan facultades tributarias al presidente de la república, siendo esta una atribución indelegable del Congreso Nacional.
“Esto quiere decir que, de aprobarse en los términos propuestos, se reducirán sustancialmente las inversiones y las probabilidades de éxito del Plan 20/20, no se generarán nuevos puestos de trabajo y se reducirán los existentes, afectando la competitividad del país, la economía de muchas familias a nivel nacional y el bolsillo de los consumidores en general”, concluye el documento del Cohep.
Reacciones
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) había mencionado en una discusión sobre el anteproyecto de ley del Código Tributario que se viola la presunción de inocencia y el derecho de defensa de los contribuyentes.
“No es adecuado que la administración tributaria posea facultadas amplias para confiscar bienes sin necesidad de intervención judicial, debería haber algún procedimiento para garantizar los derechos del tributante”, sostiene el análisis elaborado por los economistas séniores del Icefi Hugo Noé Pino y Wilfredo Díaz y presentado el mes pasado.
