San Pedro Sula, Honduras.
La publicación en La Gaceta del decreto PCM-030-2020, que en su artículo 4 establece la afectación de tierras nacionales, ejidales y fiscales para la producción agrícola ha despertado reacciones diversas de sectores productivos y expertos en el agro.
Además de suponer posibles expropiaciones, la normativa choca contra otros programas de reciente aprobación por el Gobierno como el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras que destinaría L4,000 millones para su ejecución por parte de las Fuerzas Armadas.
German Pérez, exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), dijo a LA PRENSA que con la lectura del decreto surgen muchas dudas, ya que lo de reactivar el sector agroalimentario no es la primera vez que se hace y ya hasta la fecha ninguno ha sido exitoso.
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“Si lo que se quiere es producir alimentos para todos, se puede identificar a los mejores productores de las diferentes regiones del país y brindarles las facilidades, asegurando un mercado y precios de garantía justos para que la producción de alimentos sea suficiente”, indicó Pérez.
Además, cuestionó que el decreto se compagina con otros proyectos y programas como por ejemplo el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras en el cual se asignaron L4,000 millones a las Fuerzas Armadas.
Pérez también dijo que el hecho de identificar tierras ejidales para ponerlas al servicio de productores grandes o pequeños, suena a reforma agraria. “La mayor parte de la tierra privada en Honduras es de carácter ejidal y no se dice quiénes son los productores, por lo que se interpreta que son los sectores campesinos organizados, mismos que en el pasado no han sido capaces de producir mayor cosa a pesar de tener las condiciones”, comentó.
“Siguiendo con la expropiación de tierra, ya se vio en el pasado que la reforma agraria fue un fracaso, y lo seguirá siendo, ya que lo que se regala no se le da valor. También podría ser mal usado el decreto para favorecer con propiedades agrícolas y forestales a amigos y grupos agroindustriales fuertes”, advirtió el exministro. Pérez recomendó que si se formaran grupos de producción y comercialización sería más fácil producir y vender bajo contrato y precio de garantía. Señaló que la SAG debe ser la cabeza en este momento para el sector, ya que existen demasiados capitanes, razón por la que el sector agrícola no funciona.
Por último, el experto señaló que el sector agropecuario solo logra caminar por el empuje de productores y el sector privado, ya que el Gobierno en vez de facilitar, entorpece y atrasa.
Dulio Medina, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores y Productores de Granos Básicos de Honduras (Prograno), dijo a LA PRENSA que es necesario habilitar Banadesa para que acompañe las bondades que está ofreciendo el decreto. Según el productor las otras instituciones de crédito del Estado no tienen la estructura a nivel nacional para atender al sector.
Señaló que de nada sirve que ofrezcan tantos créditos si el 90% de los productores están en la Central de Riesgos.
Decreto.
Según el decreto publicado el 9 de abril, el Gobierno pondrá a disposición de los productores del país todas las tierras fiscales, nacionales y ejidales que tienen potencial para dedicarse a la producción agrícola y no están siendo utilizadas para que puedan servir para producir alimentos.
Así quedó establecido en el artículo 4 del decreto ejecutivo número PCM-030-2020 que declara “prioridad nacional el apoyo al sector productor de alimentos y agroindustria alimentaria para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de Honduras” que entró en vigencia el pasado 10 de abril.
El presidente Juan Orlando Hernández junto con representantes de los sectores productivos del país anunciaron la medida para que no falten alimentos en los hogares del país. “Todas las tierras del Estado deben de estar listas, las que estén con las condiciones para producir. Estaremos construyendo, rehabilitando centros de acopio, silos, bodegas para almacenar granos básicos y alimentos”, declaró el mandatario. El Gobierno ordenó a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), que en un plazo no mayor de quince (15) días ponga a disposición de la SAG las tierras disponibles que señala el artículo 4 del PCM.
Santiago Ruiz, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh), dijo que serán responsables con las medidas que se han tomado para hacer que funcione, lo que implica la facilitación administrativa.
El productor Mateo Yibrín expresó que para ganar la batalla contra la falta de alimentos se debe hacer producir a Honduras, estimulando a quienes trabajan en el campo, con precios mínimos de garantía, acceso a mercados y con financiamiento ágil y directo.
