Por insuficiencia probatoria, la Sala Quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula absolvió por unanimidad al ciudadano filipino Francis Albert Avilla Baliola, quien había sido acusado por los delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido, porte ilegal de arma de fuego de uso prohibido y porte de munición prohibida.
El fallo fue emitido tras considerar que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para acreditar su responsabilidad penal en los hechos que se le imputaban.
Por el caso de Francis, 11 agentes policiales fueron acusador de implantarle pruebas falsas y actualmente guardan prisión.
El expediente en el Ministerio Público detalla que el 13 de noviembre de 2023, los 11 agentes ejecutaron un allanamiento en la casa de Francis Ávila, en la colonia Real del Puente, Villanueva, Cortés, en donde lo sometieron y le robaron cosas de valor y dinero.
Luego lo trasladaron a un basureo en El Milagro, siempre en Villanueva, en donde supuestamente le montaron una escena para hacer ver que lo detuvieron con un fusil AR-15 y droga; por esta razón enfrentó el proceso judicial.
El 18 de agosto, un juez determinó que solo cuatro de los 11 policías involucrados en el caso quedarían en prisión y los demás se defenderían en libertad.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó el sobreseimiento provisional y definitivo, otorgado llos agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
Durante la audiencia Ad Hoc se resuelvió que Janina Alemán Antúnez, Yony Omar Raudales Núñez, Nerys Desiderio Mejía Rodríguez, Fernando Josué Castellanos Canales, Wilmer Joel López Gómez, Esdras Sadrat Amaya Martínez, Evely Dalian Triminio Gonzales, Andy Josué Pérez Zelaya, Elvin Antonio Ramos Ramos, Wuilson Isaac Bonilla Hernández y Lener Gilberto Quintanilla Gallardo, fueran remitidos a la Penitenciaría Nacional.
Los delitos por los cuales fueron encarcelados son: allanamiento por funcionario público o empleado, robo con violencia e intimidación agravado continuado, privación ilegal de la libertad realizada por funcionario o empleado público, falsificación de documentos públicos y torturas.
