Tocoa, Honduras
La muerte violenta de dos militares el pasado lunes en un desalojo a un grupo de personas que tenía tomada la carretera CA-13, en protesta por proyectos mineros, revive el fantasma del conflicto de tierras en el Aguán.
| Inversión
Este conflicto pone en riesgo una millonaria inversión de L3,600 millones, dice asesor de la minera Los Pinares
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Debido a la situación, la presencia policial y militar fue reforzada en la zona, mientras que las pérdidas económicas para la empresa minera Los Pinares aumenta, así como los temores en varios sectores de esta ciudad.
El conflicto pone en riesgo una inversión que supera los 3,600 millones de lempiras para la extracción y procesamiento del óxido de hierro en zonas del Parque Nacional Carlos Alfonso Escalera, y que es compartido por los departamentos de Colón y Olancho.
“La empresa por cada día que deja de laborar tiene pérdidas hasta de cuatro millones de lempiras, no es solo la actividad de la empresa, son todas las compañías contratistas que tiene el proyecto”, estimó Roni Ambrosio, asesor técnico de la empresa minera Los Pinares, que tiene un área concesionada de 200 hectáreas para explotar el óxido de hierro.
Las actividades están paralizadas debido a la oposición en la comunidad de Guapinol en contra de esta concesión.
“El problema que ha tenido la empresa es con un grupo de personas que están a 35 kilómetros de distancia del proyecto, que no daña el río San Pedro ”, aseguró Ambrosio.
La explotación minera es a cielo abierto, “pero no requiere de químicos, es como cualquier cantera, únicamente se quiebra la roca de hierro, se tritura, se transporta ya sea al puerto o al área de proceso donde se va a fundir el hierro”, argumentó.
La empresa tiene previsto a finales de 2019 extraer este mineral. “Por ahora no se ha iniciado labores, solo estamos ampliando la vía de acceso para poder llegar porque hay que abrir casi 35 kilómetros desde la carretera CA-13”, indicó.
Para saber
Unidades de Inteligencia de la Policía siguen investigando los hechos ocurridos el pasado lunes, donde fallecieron dos miembros del Ejército, identificados como Germán Alan Duarte y Evaristo Argüello Nixon.
Los habitantes de la comunidad de Guapinol están pidiendo la presencia de organismos internacionales de derechos humanos, debido a que, según ellos, son víctimas de represión.
Afluentes
Los habitantes de Guapinol aducen que la apertura de esta carretera les ha causado contaminación en el río San Pedro, que es el que abastece más de 70% de agua potable a la comunidad. “No es cierto que la actividad del proyecto contamina el río, lo que pasa que como todo río en Honduras se ensucia cuando llueve, pero cuatro 0 cinco horas después está claro, ese tema no es real, hay otros intereses de fondo”, enfatizó el asesor Roni Ambrosio.
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fuentes de agua nacen en la zona concesionada y son las que abastecen a comunidades de Olancho y Colón.
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La inversión en este proyecto es de 3,642 millones de lempiras de los cuales se han ejecutado más de L700 millones. Es capital hondureño y extranjero.
Diálogo
Los empresarios de Tocoa están preocupados por el clima de tensión que impera en la zona.
“Estamos preocupados. Ya estábamos superando algunos problemas que se habían dado con la tenencia de la tierra en 2013”, dijo Saúl Alemán, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tocoa.
“Como Cámara de Comercio hemos estado pidiendo criterios científicos al tema de la minería, hemos estado ofreciendo ser mediadores en este conflicto, ya estamos tocando puertas”.
Juan López, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos en Tocoa, expresa que la solución a este conflicto es que la minera se retire de la zona, “de lo contrario seguiremos luchando, porque ya estamos padeciendo los efectos de su presencia”. Nosotros creemos que la violencia no es el camino para resolver los problemas”, afirmó el dirigente, aclarando que no hay grupos criminales dentro de esta lucha, tal como lo afirman la Policía y las Fuerzas Armadas.
El dirigente aseguró que este conflicto, antes de la muerte de los dos militares, también cobró la vida de un civil.
Esly Banegas, de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa), reveló que un juez con jurisdicción nacional emitió 18 órdenes de captura contra 18 dirigentes que en los últimos tres meses han participado en la toma del acceso de la empresa minera. Aún no está claro si las acusaciones están relacionadas con la muerte de los dos militares. Los pobladores de las aldeas Guapinol y Ceibiya demandan a la alcaldía de Tocoa, que encabeza el alcalde Adán Fúnez, la cancelación del permiso de operación otorgado a la minera porque fue dado en un área de 200 hectáreas que son parte de las 323 hectáreas de la zona núcleo del parque nacional Carlos Alfonso Escalera.
