De los cuatro policías acusados por el asesinato del barrista Wilson Ariel Pérez, solo al subcomisario Carlos Roberto Escobar Mejía le decretó detención judicial ayer la judicatura que conoce la causa.
A los otros tres imputados les aplicaron medidas sustitutivas distintas a la detención judicial por lo que se defenderán en libertad.
Al subcomisario lo mandaron a prisión por la gravedad del delito de asesinato, pues el Ministerio Público lo sindica de ser quien mató al aficionado del equipo de fútbol Real España.
Al oficial además le imputan los delitos de tortura, falsificación de documentos públicos y simulación de infracción inexistente.
Los otros tres encausados son Armando Santos, el agente de investigación Bayron Patricio Zelaya Gálvez y la agente Chelssi Patricia Sandres Hernández.
Al subinspector le imputan los delitos de encubrimiento de asesinato y de tortura; el agente de investigación Zelaya enfrentará los cargos de encubrimiento de asesinato y encubrimiento de tortura y a la policía Sandres la acusan del ilícito de falsificación de documentos públicos (elaboración de reporte de una denuncia falsa).
Pérez fue ultimado el 1 de junio días después de agredir a una oficial de policía en el estadio Olímpico el 29 de mayo, al finalizar el partido de la final entre el Real España y el equipo Motagua.
El barrista era buscado por la Policía y su muerte ocurrió en un supuesto enfrentamiento con unos policías en la colonia Moderna de San Pedro Sula.
En el requerimiento de la Fiscalía se establece que la investigación de agentes de la Atic concluye que el día del hecho dos equipos de policías asignados a la extinta Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) se dirigieron a la colonia Nueva Esperanza de San Pedro Sula e ingresaron a la vivienda donde estaba la víctima, quien al ver la presencia de las autoridades salió en veloz carrera por uno de los bordos del río Piedras.
Datos
El subcomisario Carlos Roberto Escobar Mejía deberá cumplir el término de ley en la base del comando Cobras o Fuerzas Especiales de la sede en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro. La audiencia inicial se programó para las 9:00 am del viernes 21 de octubre de este año.
Según la acusación, los uniformados le dispararon a Pérez con armas de fuego y uno de los proyectiles impactó en la espalda del aficionado cayendo sobre la acera, por lo que los policías lo subieron a la paila del vehículo que conducían y “ahí lo sometieron y lo torturaron, cuando lo trasladaban al hospital Mario Catarino Rivas, donde murió”.
En la investigación de la Atic se logró acreditar además que el arma de fuego encontrada y levantada en la escena del crimen por la DPI corresponde a una pistola, marca Girsan, serie T6368-11 G 00020, que fue hurtada por agentes de la FNAMP el 16 de octubre de 2020 en operativo en Quimistán, Santa Bárbara.
Sumado a ello, en las inspecciones practicadas se recolectaron dos casquillos metálicos cerca del lugar donde recibió el disparo Wilson Ariel y dos casquillos a inmediaciones donde se encontró el arma antes descrita y al ser comparados balísticamente el dictamen concluyó que estos casquillos fueron percutidos por el arma decomisada en 2020, desvirtuando la versión que hubo enfrentamiento o atentado en contra de la autoridad.
