Un grupo de aproximadamente 80 expolicías que fueron depurados en el 2016, se apostaron este martes frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) exigiendo el reintegro y jubilación de los que les corresponda.
Los uniformados catalogan el proceso de depuración, que se realizó en el periodo de gobierno de Juan Orlando Hernández, como un acto bárbaro porque afectó a más de 9,000 familias.
“Nosotros aquí estamos dando la cara de frente dignamente, en aquel tiempo decían que éramos las manzanas podridas y hoy en ocho años el tiempo nos está dando la razón”, enfatizó el excomisario José Rodríguez, refiriéndose al abogado Hernández, quien está siendo enjuiciado en Estados Unidos.
“Hoy nosotros estamos clamando justicia, estamos pidiendo que el Congreso Nacional pueda aprobar ese decreto que propuso el diputado Eduardo Díaz, para que todos los compañeros que no pudieron demandar en su momento, tengan ese derecho”, agregó.
Los exagentes piden a los tres poderes del Estado la ayuda para resolver su situación laboral.
Situación laboral
El abogado Germán Licona expuso que es la Secretaría de Seguridad el único ente que les puede responder a sus peticiones.
“Eso está en la Secretaría porque ya aquí, como ellos no entablaron demandas, ya no se puede hacer nada, pero ellos lo que buscan es que sean escuchados también en éste Poder del Estado”, manifestó.
Estos policías fueron depurados porque se les suponía responsables de algunos delitos, que ellos aseguran no se les mencionaron al despedirlos, y por ese estigma, no pueden realizar trámites bancarios.
También, manifestaron que muchos de ellos no tienen trabajo por la edad y por tener el antecedente.
