Después de que la Sala II del Tribunal de Sentencia de los juzgados de San Pedro Sula declarara culpables a Rosa Yadira Cortés Gutiérrez, Edwin Noel Ávila y Delmira Gutiérrez Bonilla por explotar laboralmente, maltratar y adoptar de forma irregular a cuatro menores de edad, este viernes el Ministerio Público solicitó la pena para cada uno de ellos.
En la audiencia para la individualización de la pena, la Fiscalía solicitó 73 años de cárcel para Rosa Yadira Cortés Gutiérrez, condenada por trata de personas agravada en la modalidad de trabajo forzado (18 años), lesiones graves en concurso real (12 años por cada una de cuatro víctimas, tres hermanos y otro niño) y siete años de prisión por adopción irregular de un menor. Se añade la inhabilitación absoluta.
Para su cónyuge, Edwin Noel Ávila, condenado por trata de personas agravada en la modalidad de trabajo forzado y adopción irregular, la Fiscalía peticionó 25 años de reclusión; mientras que para su suegra, Delmira Gutiérrez Bonilla, condenada por trata de personas agravada en la modalidad de trabajo forzado, solicitaron a la terna de jueces imponer una pena de 18 años de encarcelamiento.
La audiencia para la lectura de la sentencia concreta fue programada para el próximo viernes 14 de agosto a las 9:00 am.
El Poder Judicial informó que el proceso se origina tras la Operación Amanecer, ejecutada el 30 de noviembre de 2023 en Puerto Cortés, luego de investigaciones de la Fiscalía y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), cuyos agentes rescataron a los menores y capturaron a los posteriormente procesados.
El 13 de enero de 2026, la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico de Personas formalizó la acusación.
De acuerdo con el fallo de culpabilidad, los imputados reclutaron a los menores para, mediante constantes amenazas, incluso de muerte, obligarlos a realizar extenuantes jornadas de recolección de material reciclable.
Para asegurar que las víctimas no abandonaran el lugar, los encartados los encadenaban cuando dormían en el suelo y hasta que finalizaban las largas tareas que les asignaban. Posteriormente, el producto del trabajo forzado era trasladado a San Pedro Sula, donde los captores de los niños percibían ganancias ilícitas de hasta 50,000 lempiras.
Los vejámenes infligidos a los menores incluyen, además de la explotación laboral sin remuneración económica, enfermedades variadas y desnutrición por la pésima alimentación.
Entre los hechos acreditados durante el juicio se documentaron golpes, torturas y quemaduras en las manos. Asimismo, una de las víctimas perdió piezas dentales y sufrió lesiones en sus partes íntimas como consecuencia de los abusos atribuidos a los ahora condenados.
