Tegucigalpa, Honduras.
El temor de que el hurto de los 1.3 millones de dólares quede en la impunidad parece alejarse. Las declaraciones que dio ayer el presidente Juan Orlando Hernández devuelven la confianza porque asegura que los elementos policiales involucrados serán castigados.
“En relación con los que se robaron ese dinero, hablé con el fiscal encargado del caso y me dijo que está firme en el proceso y que los involucrados irán a juicio y que los culpables serán castigados”, apuntó el mandatario. Son 50 miembros de la Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), que fueron investigados, de los cuales las primeras investigaciones establecen que 22 de ellos tuvieron participación directa en el ilícito, según el informe de la Fiscalía.
Junto con ellos, 22 miembros de la Unidad de Investigaciones Sensitivas (USI) son investigados y han sido suspendidos hasta establecer su participación en el hurto de dos sacos de dólares encontrados a los hermanos Valle Valle en aldea Potrerillos, Florida, Copán.
Sin acusación
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un comunicado de prensa, desvirtúa que en los Tribunales de la República se haya entablado algún requerimiento fiscal contra los agentes de la unidad Tigres.
“La investigación y consultas directas a las más altas autoridades de la Fiscalía de la República nos confirman que hasta este momento ninguna causa acusatoria ha sido interpuesta en tribunal alguno del país, por lo tanto no corresponde a la verdad el hecho de que un juez rechazó la carga probatoria presentada”, reza la nota oficial de la CSJ.
El Poder Judicial aclaró que el único elemento registrado ante esa instancia es la petición de una prueba anticipada para un testigo presentado por las autoridades policiales, pero el mismo se negó a rendir su declaración.
“El Ministerio Público, a través de sus autoridades, ha confirmado que la causa contra los policías Tigres aún no está judicializada, pero que las investigaciones continúan y será hasta el momento que sea presentado un requerimiento fiscal que un juez comenzará a conocer y a resolver lo que en su momento pudiera judicializarse”, señala el comunicado.
El temor de que el hurto de los 1.3 millones de dólares quede en la impunidad parece alejarse. Las declaraciones que dio ayer el presidente Juan Orlando Hernández devuelven la confianza porque asegura que los elementos policiales involucrados serán castigados.
“En relación con los que se robaron ese dinero, hablé con el fiscal encargado del caso y me dijo que está firme en el proceso y que los involucrados irán a juicio y que los culpables serán castigados”, apuntó el mandatario. Son 50 miembros de la Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), que fueron investigados, de los cuales las primeras investigaciones establecen que 22 de ellos tuvieron participación directa en el ilícito, según el informe de la Fiscalía.
Junto con ellos, 22 miembros de la Unidad de Investigaciones Sensitivas (USI) son investigados y han sido suspendidos hasta establecer su participación en el hurto de dos sacos de dólares encontrados a los hermanos Valle Valle en aldea Potrerillos, Florida, Copán.
Sin acusación
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en un comunicado de prensa, desvirtúa que en los Tribunales de la República se haya entablado algún requerimiento fiscal contra los agentes de la unidad Tigres.
“La investigación y consultas directas a las más altas autoridades de la Fiscalía de la República nos confirman que hasta este momento ninguna causa acusatoria ha sido interpuesta en tribunal alguno del país, por lo tanto no corresponde a la verdad el hecho de que un juez rechazó la carga probatoria presentada”, reza la nota oficial de la CSJ.
El Poder Judicial aclaró que el único elemento registrado ante esa instancia es la petición de una prueba anticipada para un testigo presentado por las autoridades policiales, pero el mismo se negó a rendir su declaración.
“El Ministerio Público, a través de sus autoridades, ha confirmado que la causa contra los policías Tigres aún no está judicializada, pero que las investigaciones continúan y será hasta el momento que sea presentado un requerimiento fiscal que un juez comenzará a conocer y a resolver lo que en su momento pudiera judicializarse”, señala el comunicado.
