La Sala del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa programó para el próximo 6 de octubre a las 10:00 de la mañana el juicio oral y público contra el ciudadano Cristian Alexis Morales Banegas, a quien el Ministerio Público supone responsable del delito de daños a infraestructura en perjuicio del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Durante la audiencia de proposición de medios de prueba, celebrada en los tribunales capitalinos, la fiscalía presentó ocho elementos probatorios, los cuales fueron admitidos en su totalidad por la judicatura tras considerar su pertinencia y utilidad para el desarrollo del proceso.
Por su parte, la defensa técnica del imputado compareció sin presentar pruebas de descargo.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos se remontan al 21 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 3:40 de la madrugada, cuando agentes policiales asignados a la UMEP-2, con sede en el barrio Belén de Comayagüela, atendieron una alerta generada por el Sistema Nacional de Emergencias 911.
El reporte indicaba que dos individuos se encontraban en un poste frente al cementerio general del barrio Cipile, donde uno de ellos golpeaba con un martillo las cámaras de vigilancia instaladas en la zona. Con apoyo del monitoreo en tiempo real, los operadores informaron a los agentes que los sospechosos huyeron por los techos e ingresaron a una vivienda cercana.
Con autorización del propietario del inmueble, los uniformados ingresaron y lograron la detención de Cristian Alexis Morales Banegas, mientras que el segundo individuo logró escapar.
Posteriormente, mediante inspección ocular y técnica en el lugar, se verificó que de las siete cámaras instaladas, dos se encontraban desprendidas y colgando, sin conocerse su estado funcional. Un informe técnico del Sistema Nacional de Emergencias 911 determinó que los daños ocasionados ascienden a 29,301.45 lempiras.
Con la admisión de las pruebas y la calendarización del debate, el Tribunal de Sentencia dejó listo el proceso para el desarrollo del juicio, en el que se determinará la responsabilidad penal del acusado.