Erika Julissa Bandy era perseguida desde que salió de la cárcel por organizaciones criminales que le reclamaban el botín que dejó oculto su esposo, el capo Magdaleno Meza, también asesinado.
Las averiguaciones de los entes investigadores del Estado establecen que dos días después de que dejaran libre a Bandy -en abril de 2022- fue privada de su libertad y la retuvieron varias horas presionándola para que confesara donde estaba el botín.
Según lo informado, Erika fue advertida varias veces que si no entregaba el dinero la matarían, lo que al final sucedió porque, según las hipótesis que maneja la Policía, por esa razón le quitaron la vida a la mujer el 22 de junio de 2023.
El botín ahora es buscado por las autoridades policiales en una laguna de una de las haciendas aseguradas a Meza por el Ministerio Público, en la aldea El Corozal de Quimistán, Santa Bárbara.
La millonaria fortuna dejada por Magdaleno Meza en el botín que busca la Policía en la laguna de la aldea La Coroza y que el capo también escondió en otras caletas en diferentes haciendas y propiedades, ha generado una estela de asesinatos y desapariciones en Santa Bárbara.
La violencia por la guerra de la riqueza de Meza se ha desatado más en los municipios de Quimistán, Macuelizo y Azacualpa. En esos sectores han ocurrido más de 25 asesinatos y desapariciones, algunos de los cuales son del conocimiento de la Policía y el Ministerio Público, porque familiares de las víctimas denunciaron los hechos en el ente acusador y en la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
A varios de los parientes de las víctimas, las autoridades los sacaron del país y están asilados en otros países luego de que les tomaran declaración como testigos protegidos porque sus vidas estaban en un inminente riesgo.
Uno de esos casos es el de dos trabajadores de Magdaleno que con otros seis amigos desenterraron y se robaron una caleta con 20 millones de dólares del narco en una de sus haciendas en Macuelizo, Santa Bárbara.
Después del robo de los 20 millones de dólares, los implicados se empezaron a matar entre ellos por la codicia de quedarse con el botín.
Los sobrevivientes comenzaron a llevar una vida de opulencia, comprando lujosas casas, carros último modelo, motocicletas y dándose todo tipo de lujos, ellos y sus parientes.
Los que se habían quedado con el botín fueron ultimados por miembros de una organización criminal que opera en la zona y que tenía nexos con Magdaleno Meza.
A los implicados en el robo de los 20 millones los citaron a una hacienda donde los desaparecieron y después algunos de ellos aparecieron asesinados.
Desde ese momento, los parientes de las víctimas empezaron a ser perseguidos por la estructura criminal que reclamaba el botín.
Las familias de dos de las víctimas denunciaron su situación de riesgo primero ante la Policía, pero después sus casos los manejó el Ministerio Público.
Las dos familias fueron sacadas de la zona por agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN). Luego de seguir el procedimiento establecido, que incluyó la toma de la denuncia, las declaraciones de testigos protegidos como prueba anticipada, la búsqueda de viviendas para su seguridad y continuar el mecanismo para sacarlos del país, las personas fueron enviadas a otros países como asiladas.
