Tegucigalpa, Honduras.
A raíz de varias denuncias interpuestas por usuarios de transporte tipo taxi, que han sido víctimas de robo y la privación injusta de la libertad en la capital, la Policía Nacional a través de la Unidad de Delitos Comunes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), realizó una serie de investigaciones para identificar y capturar a tres sospechosos.
Los capturados responden a los nombres de Sami Kemel Mejía González (33), considerado el cabecilla de la organización criminal. Agner Yennerick Alvarado Romero (21) y Germán Jared Álvarez Zepeda (24). Los tres serán remitidos ante las autoridades por suponerlos responsables de los delitos de robo agravado, asociación ilícita y privación injusta de la libertad en perjuicio de varios testigos protegidos.
Al momento de su detención se les decomisó un vehículo tipo turismo con placas AAL-8051 y registro 4186. Otro vehículo turismo tipo taxi con placas PDP-2400 y registro 1099. Ambos automotores han sido reconocidos por las víctimas. Además de tres teléfonos celulares y 7,600.00 lempiras en efectivo en diferentes denominaciones.
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Las investigaciones realizadas por los agentes, indican qué, los ahora detenidos para cometer su delito utilizan los dos automotores antes descritos, en el vehículo señuelo se conduce el conductor y otro sospechoso haciéndose pasar como pasajero. Una vez que la víctima a abordado la unidad, es amenazada y obligada a entregar sus pertenencias.
En algunos casos, la privan de su libertad y andan dando vueltas por la ciudad hasta que les entrega la clave de las tarjetas o la llevan a un cajero para retirar el dinero que tiene en sus cuentas. Mientras todo lo anterior ocurre, otro miembro de la banda se conduce en el segundo automotor, les da seguimiento y se encarga de vigilar para evitar ser descubiertos.
La DPI le hace un llamado a ciudadanos que los reconocen y han sido víctimas, para que se aboque a las oficinas del Departamento de Delitos Comunes para que interpongan su denuncia.
Los ahora imputados serán remitidos por la DPI bajo el acompañamiento técnico jurídico del Ministerio Público a la Fiscalía correspondiente, para que respondan por los delitos que se les acusa.
