La última decisión judicial sobre El Teniente, acusado por el secuestro del hijo de Ricardo Maduro

El proceso penal contra Marco Antonio Ávila Castellanos retomará su curso bajo el antiguo Código de Procedimientos Penales, mientras el imputado permanece recluido en El Progreso, Yoro

La última decisión judicial sobre El Teniente, acusado por el secuestro del hijo de Ricardo Maduro

Tegucigalpa, Honduras. La causa penal contra Marco Antonio Ávila Castellanos, acusado por su presunta participación en el secuestro del empresario Ricardo Ernesto Maduro Andreu, hijo del expresidente hondureño Ricardo Maduro Joest, fue reactivada por una jueza de Letras Penal, casi 30 años después del crimen ocurrido en 1997.

La autoridad judicial determinó dar continuidad al proceso y concluir la etapa de plenario conforme al antiguo Código de Procedimientos Penales, con el propósito de avanzar hacia una resolución definitiva sobre la situación jurídica del encausado.

El Teniente era el cerebro táctico de banda que mató a Maduro Andreu

Como parte de las medidas adoptadas, Ávila Castellanos continuará recluido en el centro penitenciario de El Progreso, departamento de Yoro, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para concluir el proceso.

El imputado fue capturado el 17 de octubre de 2026 en la residencial Lomas de San José, en Tegucigalpa, por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Sobre él pesaba una orden de captura emitida el 1 de junio de 2004 por su presunta vinculación con el caso.

El Teniente, el último capturado de los Bustillo Padilla por el secuestro del hijo de Ricardo Maduro

De acuerdo con los antecedentes judiciales divulgados, a Ávila Castellanos se le había dictado auto de prisión el 12 de septiembre de 1997. Sin embargo, el proceso no avanzó durante años y el encausado permaneció en libertad tras una resolución relacionada con otro caso, situación que las autoridades atribuyeron a un error administrativo.

La continuidad del expediente también estuvo afectada por la destrucción del documento judicial original en la Penitenciaría Central, circunstancia que dificultó dar seguimiento a las diligencias. Posteriormente, el expediente tuvo que ser reconstruido para retomar las actuaciones pendientes.

El "cerebro" táctico de los Padilla Bustillo

Los informes de la Policía establecen que Ávila Castellanos, de 68 años, era el músculo logístico, táctico y de planificación de la banda de los Padilla Bustillo, la que en los años noventa era una organización criminal vinculada con numerosos secuestros.

El imputado fue miembro del Agrupamiento Táctico Especial de las Fuerzas Armadas (FFAA). Ávila Castellanos primero fue sargento y después ascendió a subteniente.

También perteneció a las Tropas Especializadas en Selvas y Operaciones Nocturnas (Tesón), consideradas un cuerpo de élite y uno de los cursos de mayor exigencia física, mental y táctica de la institución castrense. Además, recibió formación en lucha antiguerrillera urbana y de montaña.

El secuestro y muerte del hijo de Ricardo Maduro

Ricardo Maduro Andreu fue secuestrado el 23 de abril de 1997 por la banda de los Padilla Bustillo cuando se conducía en su automóvil con su motorista rumbo a su casa.

El vehículo del hijo del expresidente fue interceptado por varios individuos en una calle de la colonia Juan Lindo, sector noroeste de San Pedro Sula.

El misterio detrás del secuestro y asesinato del hijo de Ricardo Maduro

El plan de la organización criminal era secuestrar al joven empresario Maduro Andreu y no matarlo. Sin embargo, el plan falló porque, durante el ataque, Maduro Andreu recibió un disparo al ser confundido con su motorista.

Según las averiguaciones de la Policía en aquel entonces, la confusión se produjo porque el chofer era quien normalmente conducía el automóvil, pero ese día Maduro Andreu decidió manejarlo.

Los secuestradores se llevaron al joven herido y comenzaron a exigir a su familia tres millones de lempiras a cambio de su liberación. Ricardo Maduro Andreu murió horas después de permanecer cautivo. Su cuerpo fue abandonado en unos potreros del sector de Ticamaya.

Caso se reactiva en tribunales

Con la reactivación de la causa, el juzgado busca completar las etapas procesales que permanecían pendientes. La resolución que se emita deberá establecer la responsabilidad penal de Ávila Castellanos, quien mantiene su condición de imputado mientras no exista una sentencia definitiva.

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Redacción La Prensa
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