Tegucigalpa, Honduras. Cinco agentes de la extinta Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) fueron declarados culpables por unanimidad este jueves por los delitos de secuestro agravado y otras agresiones sexuales en perjuicio de una mujer, por hechos ocurridos en febrero de 2024 en San Pedro Sula, Cortés.
Los responsables son Lester Nahún Uclés Andino, Osmín Orellana Paz, Dilmer Steven Fúnez Espinoza, Andy José Pérez Zelaya y Enrry Michael Cárcamo Molina, quienes al momento de los hechos pertenecían a la desaparecida Dipamco.
La Sala I del Tribunal de Sentencia en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción emitió el fallo de culpabilidad después del juicio oral y público. Los jueces resolvieron por unanimidad que los cinco participaron en los delitos por los que fueron acusados.
De acuerdo con los hechos probados durante el juicio, los agentes simularon un operativo en la residencial Santa Mónica, en San Pedro Sula, donde privaron de su libertad a una testigo protegida y la trasladaron en un vehículo tipo bus asignado a esa dependencia policial.
Exigirle 100,000 lempiras
Desde el automotor, los ahora declarados culpables se comunicaron con el padre de la víctima para exigirle 100,000 lempiras en efectivo a cambio de su liberación. La prueba presentada en el juicio estableció que finalmente fueron entregados 60,000 lempiras.
Durante el secuestro, según lo establecido por el tribunal, los agentes obligaron a la mujer a quitarse la ropa y le ordenaron tocarse sus partes íntimas, hechos por los cuales también fueron encontrados culpables del delito de otras agresiones sexuales.
El caso se originó el 21 de febrero de 2024, cuando las autoridades recibieron la denuncia de un posible secuestro ocurrido en la residencial Santa Mónica. Las investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestro de la DPI posteriormente vincularon a los cinco agentes.
En abril de 2024, los cinco fueron capturados y enviados a prisión preventiva. En aquel momento, la investigación señalaba que presuntamente contactaban a sus víctimas haciéndose pasar por conocidos, para después trasladarlas en vehículos de la institución por diferentes calles de San Pedro Sula mientras exigían dinero por su liberación.
Las pesquisas también establecieron entonces que los montos exigidos en otros casos investigados oscilaban entre 100,000 y 300,000 lempiras. Además, se señalaba que cuando las víctimas eran mujeres las amenazaban con abusarlas y, en otros casos, advertían a los ofendidos que les colocarían drogas para formular acusaciones falsas en su contra.
Tras emitir el fallo de culpabilidad, el Tribunal de Sentencia programó para el 13 de octubre, a la 1:30 de la tarde, la audiencia de individualización de la pena concreta. Mientras se determina la condena que deberán cumplir, los cinco exagentes continuarán bajo la medida de prisión preventiva.
En su resolución, los jueces también instaron al ente acusador del Estado a profundizar las investigaciones, debido a que las pruebas evacuadas durante el juicio permitieron detectar una posible participación en otros delitos y la eventual intervención de más personas en los hechos registrados en febrero de 2024.
