Un juzgado de Honduras sobreseyó este martes provisionalmente al coronel hondureño Víctor Alonso Ponce, acusado por el Ministerio Público (Fiscalía) de la muerte violenta de cinco manifestantes después de las elecciones generales de 2017, informó una fuente judicial.
El sobreseimiento fue ordenado por el Juzgado con Jurisdicción Nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción debido a que el Ministerio Público “no logró acreditar el mínimo indicio racional de participación” de Ponce en la muerte de cinco personas durante la violencia que vivió Honduras después de las elecciones presidenciales de 2017, según un comunicado del Poder Judicial.
Además, no se logró comprobar que el coronel hondureño “haya girado instrucciones a sus subalternos para que abrieran fuego contra los manifestantes” por los resultados de las elecciones generales de 2017, cuando fue reelegido el expresidente Juan Orlando Hernández, agregó.
Desalojar a los manifestantes
A la vez, el juzgado hondureño dictó auto de formal procesamiento contra Ponce por los delitos de falsificación de documentos y abuso de autoridad, añadió.
El 1 de diciembre de 2017, según la versión oficial, un grupo de pobladores protestaban en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, y el coronel Ponce, al mando de 172 policías militares del orden público, llegó a la zona con el propósito de desalojar a los manifestantes.
Los policías militares supuestamente “golpearon a los manifestantes y, según testigos, patearon y dispararon” a los que protestaban, según el Poder Judicial.
”Posteriormente, los uniformados empezaron a recoger los casquillos (de sus armas) y subieron a los fallecidos en las pailas (de vehículos) de la policía”, señala la denuncia.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Víctor Evelio Martínez, Roger Alberto Vásquez, José David Ramos, Mauricio Jonathan Echeverría y Michael Jair Ponce.
En la audiencia de evacuación de medios de prueba, se logró acreditar la comisión de los delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad porque “se movieron los cuerpos” del lugar de los hechos y, además, falsificó los informes solicitados por el Ministerio Público en el marco de la investigación.
La reelección de Hernández en contra de la Constitución, que no lo permite bajo ninguna modalidad, derivó en protestas en todo el país, y el repudio de las principales fuerzas de oposición, denunciando que, además, hubo fraude.
Las protestas dejaron varios manifestantes muertos y centenares de heridos.
El expresidente Hernández concluyó su segundo periodo el 27 de enero de 2022, pero el 15 de febrero de ese mismo año fue capturado en su residencia, luego de que Estados Unidos solicitó su extradición por tres delitos asociados al narcotráfico, por lo que enfrenta juicio en Nueva York. EFE
