El Tribunal de Sentencia declaró con lugar un recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público, revocando la resolución de la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva contra Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias Cholo Houston, y su esposa Lizeth Carolina Claros, quienes continuarán presos.
La reposición fue interpuesta debido a dilataciones en el proceso, las cuales se consideraron atribuibles a la defensa.
El Ministerio Público alertó en las últimas horas “la falta de acción del Poder Judicial al hacer caso omiso a las solicitudes en torno al juicio que se le sigue al jefe de la Mara Salvatrucha a nivel nacional”.
El 29 de agosto del año 2019, mediante un fuerte operativo coordinado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (Fnamp) y la Policía Militar se logró la captura de “Cholo Houston” y su pareja Lizeth Carolina Claros Inestroza.
Al momento de su captura en una zona exclusiva de la capital se le decomisó más de 6 millones de lempiras en efectivo, joyas, armas y una colección de carros de lujo.
Según la investigación, el jefe de la MS-13 es responsable de delitos de extorsión continuada, asociación ilícita, lavado de activos y portación ilegal de armas de uso prohibido, delitos que ha cometido desde hace más de 20 años como parte de la alta jerarquía de este grupo criminal.
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Dos días después de su aprehensión, el 31 de agosto del 2019 se desarrolló la audiencia de declaración de imputado en el juzgado correspondiente, por lo que se le dictó detención judicial junto a su pareja. Desde este momento guardan prisión en las cárceles que se encuentran en la zona de Amarateca.
En el mes de junio del año 2020 el caso fue trasladado del Tribunal de Sentencia con competencia territorial en materia penal hasta el Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de extorsión, en este último tribunal fue hasta los meses de agosto y septiembre del año 2021 (dos años después de la captura) cuando se estableció la juramentación de los peritos para realizar lo correspondiente, al mismo tiempo el Ministerio Público solicitó en cinco ocasiones se celebrara la audiencia de proposición de medios de prueba, sin embargo, siempre se argumentó que no se podía por exceso de trabajo de los tribunales.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público recordó que “en muchas ocasiones insistimos que la prisión preventiva se vencería en febrero del año 2022, no obstante, el Tribunal nunca le dio el impulso procesal requerido y por el contrario se convocó a las partes cinco días antes de vencer el plazo donde se notificó que vencía la prisión preventiva y se dejaba el juicio oral y público para la segunda semana del mes de mayo del presente año”.
La Fiscalía denunció que además la defensa de ambos imputados retrasó el caso durante 40 días, sin embargo, no fueron tomados en cuenta por el Tribunal tal y como establece el artículo 181, sobre la duración de la prisión preventiva, indicando que esos plazos no serán tomados en cuenta. El Ministerio Público sostuvo mirar con suma extrañeza lo sucedido en este caso.
