El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción desarrolló este miércoles la audiencia inicial contra Dennis Joel Romero Morales, acusado de participar en la masacre ocurrida en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, y resolvió enviarlo a prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Durante la misma jornada, el tribunal también conoció la ampliación del requerimiento fiscal contra Carlos Alexis Molina Mencías, alias Gato Negro, y Williams Noé Reyes Izaguirre, quienes ya permanecían en prisión preventiva desde el pasado 8 de junio por su presunta vinculación con el caso.
De acuerdo con el informe judicial, durante la audiencia el Ministerio Público y la defensa presentaron sus respectivos medios de prueba, así como sus conclusiones y peticiones, tras lo cual el juez consideró que existen indicios racionales suficientes para continuar con el proceso penal.
En el caso de Dennis Joel Romero Morales, el juez dictó auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva al considerarlo supuesto coautor de los delitos de asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada, robo con violencia e intimidación y asociación para delinquir.
Según la resolución, los hechos investigados dejaron 20 personas fallecidas y también involucran a dos testigos protegidos.
Los primeros capturados por el caso Rigores
Respecto a Carlos Alexis Molina Mencías y Williams Noé Reyes Izaguirre, el juzgado resolvió mantener la prisión preventiva al estimar que existen elementos que los vinculan, en calidad de coautores, con los delitos de asesinato, tentativa acabada de asesinato y robo con violencia e intimidación.
Las investigaciones también los relacionan con el supuesto robo de tres motocicletas y varios teléfonos celulares pertenecientes a algunas de las víctimas del hecho violento registrado en la comunidad de Rigores.
Durante la audiencia, la Fiscalía ratificó el requerimiento fiscal y presentó su ampliación, incorporando pruebas documentales, periciales y testimoniales, entre ellas declaraciones anticipadas de dos testigos protegidos, con las que solicitó que los tres imputados continuaran privados de libertad.
Por su parte, la defensa rechazó los señalamientos formulados por el Ministerio Público y solicitó al juez dictar el sobreseimiento provisional y definitivo a favor de sus representados, al considerar que no existen elementos suficientes para sustentar la acusación.
Como parte del calendario procesal, el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional programó la audiencia preliminar para las 9:30 de la mañana del próximo 27 de agosto, etapa en la que se definirá si el caso pasa a juicio oral y público.
Tras valorar los argumentos de ambas partes, el juez determinó que los tres imputados permanezcan bajo la custodia de las autoridades del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, mientras continúa el proceso.
