Adán Fúnez Martínez, exalcalde de Tocoa (2006-2026), fue detenido este martes en esa ciudad del departamento de Colón por agentes policiales por considerarlo sospechoso del asesinato contra el ambientalista Juan López.
Además de Fúnez, detenido en su residencia en Tocoa por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y otras agencias especializadas, fue arrestado otro hombre por el mismo caso, identificado como Héctor Méndez. A Fúnez y Méndez se les imputa el delito de asesinato, confirmó Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público.
La detención se realizó durante allanamientos ejecutados en las últimas horas como parte de las investigaciones del crimen de López en Colón. La Policía Nacional comunicó que los allanamientos continuarán en esa ciudad.
Tres presuntos autores materiales continúan detenidos por el asesinato de López. Los imputados son Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía.
El 14 de setiembre de 2024, el defensor ambiental y de derechos humanos Juan López fue asesinado a tiros por un grupo de sujetos armados no identificados mientras se encontraba en su auto en Tocoa, departamento de Colón, Honduras.
El 14 de setiembre de 2024, Juan López se encontraba saliendo de la parroquia de San Isidro Labrador, en la municipalidad de Tocoa, en su auto cuando un grupo de sujetos armados no identificados le dispararon, ocasionándole la muerte.
El ambientalista también se desempeñaba como concejal de la Alcaldía de Tocoa, departamento de Colón, por el entonces gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre).
El defensor ambiental ya había recibido anteriormente amenazas de muerte, seguimientos, hostigamientos y otros ataques violentos, lo cual llevó a que sea beneficiario de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2023 junto a otros integrantes del CMDBCP.
Tanto la CIDH como expertos independientes de las Naciones Unidas han condenado el asesinato del defensor e hicieron un llamado a las autoridades hondureñas a llevar a cabo una investigación inmediata sobre el caso, así como garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos en el país.
