Una red, integrada en su mayoría por hondureños, que falsificaba documentos para extranjeros en situación irregular en España fue desarticulada por la Policía de Madrid.
Las 52 personas, la mayoría de nacionalidad hondureña, pero también españoles, nicaragüenses y venezolanos, cobraban entre 200 y 7,500 euros, que captaban en una oenegé y en una iglesia evangelista de Madrid.
A los principales líderes del grupo se le imputan los delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, denuncia falsa, delitos contra los derechos de los extranjeros, intrusismo profesional, amenazas, coacciones y pertenencia a organización criminal.
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La investigación continúa abierta, ya que parte de la organización criminal se encuentra establecida en Honduras, país al que se enviaba el dinero obtenido, según afirma la Policía española en un comunicado.
Las pesquisas comenzaron en enero de 2019, cuando los investigadores detectaron que dos mujeres presuntamente se dedicaban a presentar solicitudes de autorizaciones de residencia con documentos falsificados.
La red había establecido un estricto protocolo de seguridad a la hora de presentar las solicitudes.
Cambiaba continuamente de teléfono y de correo electrónico, hasta el punto de que la Policía llegó a registrar al menos 24 números de teléfonos distintos en más de 300 solicitudes de residencia.
La banda captaba a ciudadanos extranjeros que pretendían regularizar su situación en España en un lugar de culto y les exigían entre 200 y 7,500 euros, en función de la cantidad de documentos.
El líder de la estructura criminal, además, se encargaba de ofrecer contratos de trabajo ficticios.
Otro miembro de la red gestionaba los empadronamientos ilegales de los ciudadanos engañados, requisito indispensable para regularizar la situación legal.
