Tegucigalpa, Honduras.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) estarían investigando el proceso judicial que se le ha llevado a Kevin Joshua Solórzano, acusado por las autoridades del asesinato del exfiscal Edwin Eguigure, por violaciones a sus derechos.
El exfiscal fue asesinado el pasado 11 de noviembre, en la aldea El Chimbo, cuando caminaba junto a su esposa María Auxiliadora Sierra, fiscal del Ministerio Público y sus dos hijos.
La madre del joven, Ana Betty Hernández reveló el martes que fue citada por representantes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), junto a los abogados defensores de su hijo para informarles que analizarán el caso ya que a Kevin le habrían violentado todos sus derechos humanos desde el proceso investigativo.
Agregó que Kevin “fue golpeado por siete militares encapuchados y él no me dijo para no preocuparme, fue la licenciada de derechos humanos quien me dijo que a Kevin lo golpearon en el batallón”, dijó la angustiada madre con sus ojos inundados de lágrimas.
Según la madre del universitario, los militares que supuestamente lo golpearon “lo intimidaban y le decían que dijera la verdad, que quiénes eran los otros que estaban implicados en el hecho, que quién era ese, porque andan nombres los militares, incluso el nombre de un vecino que es un señor sano, que se dedica a trabajar, llegaron a la casa de él también se metieron a investigar y tomaron fotos de las cosas que tenían en la división', relató.
La madre de Kevin dijo que espera que el caso de su hijo se resuelva en las instancias nacionales, de lo contrario buscará el apoyo de organismos internacionales “porque voy a demostrar la inocencia de mi hijo”.
Para Doña Betty, Dios está abriendo muchas puertas para demostrar su inocencia ya que en el primer día de visita fue recibida por las autoridades de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quienes se encuentran de visita en el país para ver los avances en la materia de derechos humanos.
“Me mandaron a llamar y dijeron que iban a tomar en cuenta este caso, que lo iban a estudiar, que no me podían dar una pronta respuesta porque primero tenía que agotarse el proceso judicial para luego poder intervenir”.
